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¿Cuál es el más apropiado para el mercado de los combustibles en Argentina? Los expertos en la materia analizan las ventajas y desventajas de las alternativas que actualmente se instrumentan ¿Cuál elegirán las autoridades? Un análisis de Alejandro Tobalo, asesor legal de la Federación de Expendedores de Combustibles (FEC).
En Argentina se utilizan los sistemas de reventa y en consignación ¿Cuál de los dos entiende que es el más indicado?
El sistema comercial más apropiado para la Argentina debería ser aquél que permita desarrollar el mercado minorista de forma homogénea, evitando el oligopolio, acompañando el crecimiento del parque automotor y del consumo, sin poner en riesgo el medio ambiente. No parece que este sea el sistema que hemos tenido a la vista en nuestro medio. Por el contrario, el mercado minorista de combustibles líquidos muestra una alta concentración en una sola compañía, situación en la que se ha suprimido la libre competencia, por la integración vertical que implementó el principal actor de ese mercado.
Este esquema es el responsable de la desaparición de más de dos mil quinientas estaciones de servicios durante la década pasada, al mismo tiempo que crecía el parque automotor y el consumo de combustibles. “Por sus frutos los conoceréis”. Cualquier esquema organizativo de mercado puede ser bueno, si da buenos resultados para los operadores del mismo y para los consumidores.
Deng Xiao Ping, el gran reformador de la economía china moderna dijo sobre el particular: “Da igual que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”. Bueno, parece que nuestro gato, que es bastante atigrado, no ha sido bueno cazando ratones. En una década hemos destruido una parte importante de la red de abastecimiento de combustibles, creando un serio problema ambiental, hemos perdido el autoabastecimiento en materia hidrocarburífera, con sostenida caída de producción de gas, petróleo y sus derivados, y hoy el consumidor argentino paga uno de los combustibles líquidos más caros de la región, por caso, paga en promedio el doble de lo que un consumidor estadounidense. El esquema amerita una revisión estructural.
Por otra parte, la libre competencia es un principio constitucional en nuestra legislación. Bajo la Constitución Nacional ningún gobierno es libre de suprimir el libre mercado ni de tolerar que los particulares intervengan en el mismo como ocurre en nuestro medio. Un esquema de comercialización como el que opera YPF SA es claramente violatorio de la Constitución Nacional y de la Ley de Defensa de la Competencia, la Federación lo ha denunciado oportunamente ante la CNDC y está esperando una resolución sobre este problema.
¿Es lógico que coexistan estas dos formas comerciales?
Los sistemas de reventa y consignación son lícitos y pueden coexistir en tanto y en cuanto no impliquen una amenaza a la libre competencia ni otorguen a un operador un poder de mercado que permite abusar de esa posición en perjuicio de los consumidores ni de la libertad de otros operadores para participar. En nuestro medio esta situación no existe. Una sola compañía capta más del 55 por ciento del mercado de líquidos operando una red consignada de 1.400 estaciones sobre un universo de 4.000 bocas, en lo que se advierte una política de integración vertical y alineamiento de precios que impide el libre juego de la oferta y la demanda, donde los operadores de esa bandera actúan como mandatarios y no como verdaderos empresarios independientes, dado que no pueden incidir sobre los precios de la mercadería que venden ni sobre los volúmenes que operan.
¿Podría el Estado tener control del mercado aún si dejara sin efecto el consignado en YPF?
Sobre la posibilidad de que el Estado “controle” ese mercado, según lo ya dicho no sería legítimo ese proceder, la Constitución lo prohíbe, pues le manda a la Administración pública defender la libre competencia, es decir el libre mercado como mecanismo ordenador de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Eso no implica que el Estado no pueda y deba orientar la actividad petrolera en orden a obtener de ella un beneficio colectivo, mediante regulaciones razonables que propicien su desarrollo sustentable, el autoabastecimiento, los saldos exportables, el acceso en condiciones igualitarias a la producción, distribución y consumo de esos bienes, etc. Pero todo ello no puede lograrse lícitamente prescindiendo de la libre competencia como esquema organizativo. No al menos bajo las leyes vigentes en el país. Que esas leyes se respeten o no, es otro problema. Un problema argentino: la pasión por romper las reglas.
Ya hemos visto los efectos que puede provocar un Estado que pretende controlar los mercados: desabastecimiento, distorsiones de precios, destrucción de la red de aprovisionamiento, daño ambiental, desaliento a la producción, sobre estímulo al consumo, etc. La abultada cuenta por importaciones de gas que registra la República Argentina en los últimos años (en un país con abundancia de ese recurso), representa una grotesca y lamentable síntesis de ese problema.
La experiencia histórica muestra que las economías organizadas sobre esquemas de libre competencia poseen una eficiencia, flexibilidad y productividad superior que los esquemas de economías de mandato, de hecho el mayor experimento de economía de mandato, la Unión Soviética, (o por caso la China de Mao) mostró de modo incontrastable –y brutal- el extenso daño que esa forma de organización económica puede provocar a una colectividad humana. La historia es maestra de la vida.
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