La Secretaría de Energía, ¿tenía conocimiento de la evolución de las reservas?

Legisladores de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Federico Pinedo (PRO),  Eduardo Amadeo (Frente Peronista) y Patricia Bullrich (Unión por Todos), presentaron un Proyecto de Resolución en el que exigen al Poder Ejecutivo Nacional que informe respecto si existen proyecciones sobre la evolución del nivel de producción de petróleo.

Los diputados apuntan a la Secretaría de Energía, si ha estado en conocimiento de la evolución del nivel de las reservas desde el año 2007 hasta la fecha. Sostienen que el Gobierno parece haberse anoticiado por estos días de la situación hidrocarburífera y del accionar de YPF en este contexto. 

La iniciativa de Pinedo cuestiona el accionar del Gobierno, que prestó su conformidad para la aprobación de las decisiones de distribución de dividendos desde el año 2007 a la fecha, no habiendo considerado la evolución y necesidades de producción del mercado argentino para proponer modificaciones en la distribución de utilidades y aplicar mayores recursos financieros a la producción y explotación.

“No sólo desde el Estado no se alentó ni se exigió el desarrollo de una agresiva política de producción energética, sino que la política de distribución de utilidades establecida en el acuerdo de Transferencia y ampliada con posterioridad por decisión societaria, está absolutamente alejada de los parámetros del mercado”, afirman los parlamentarios. “Siendo que a través de su Director y su Síndico el Estado posee herramientas legales para objetar decisiones de la empresa, resulta curioso que en lugar de impulsar una política orientada a incrementar la reposición de sus reservas, se haya aceptado el reparto de dividendos entre accionistas”, agregaron.

“A esta altura de los acontecimientos, no parece razonable, que el Poder Ejecutivo, se rasgue las vestiduras por lo ocurrido en la compañía como si el Estado Nacional y las Provincias no hubiesen participado, por intermedio de los funcionarios que los representaban en YPF durante todos estos años, avalando todas y cada una de estas decisiones, no ejerciendo las facultades otorgadas por la ley de privatización de YPF (24.115) y la de Federalización del Subsuelo y su modificatoria (24.474), que estatuyeron la denominada acción de oro”, expresaron .

Siendo que el representante del Poder Ejecutivo en el directorio sea el propio Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, los legisladores se preguntaron cuál fue el rol de los representantes del Estado que ocuparon en la empresa ese lugar desde la “argentinización” a la fecha, ya que no objetaron la política de la compañía. “Cabe preguntarse cómo es posible que el representante del Estado Nacional en el Directorio no haya cuestionado decisiones que afectan la producción nacional de hidrocarburos”, cuestionaron al tiempo que reclamaron información veraz que permita evaluar o descartar eventuales incumplimientos por parte de los funcionarios públicos que tuvieron intervención en las funciones de contralor confiadas por ley.