Comienzan a trabajar en la redacción final del proyecto
Empleados y dueños de estaciones de servicio intentarán acordar los puntos neurálgicos del proyecto de ley que se propone regular la comercialización de combustibles al público. ¿Conviene apuntar contra las inversiones que realizaron las petroleras en el segmento minorista o establecer límites para frenar que sigan avanzando?
Según indica Oscar Díaz, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) está previsto un encuentro con representantes del sindicato y la petrolera Shell para la próxima semana, con vistas a delinear los aspectos finos de la iniciativa.
El apuro de las partes no se da por casualidad: la idea es presentar el proyecto de ley a mediados de octubre, cuando el congreso todavía permanecerá en funciones y por lo tanto está en condiciones de discutirlo en las comisiones respectivas, para su posterior análisis por Diputados y Senadores. Caería en medio de la discusión por la ley de hidrocarburos.
No obstante, todavía resta tiempo para conocer bajo qué mecanismo y persona llegará el texto al parlamento. Lo cierto es que en la legislatura de Buenos Aires fue Carlos Acuña, Secretario General de FOESGRA y Diputado por el Frente Renovador, quién impulsó en carne propia la propuesta. En esta ocasión, se descarta que el dirigente solicite algunos de sus colegas a nivel nacional que lleve la bandera de la defensa de las Pymes.
Uno de los ejes que estará en debate, que bien propuso Juan José Aranguren, el presidente de Shell en Argentina, en el encuentro multisectorial del miércoles pasado, pasa por definir el concepto de “comercialización minorista”. Ya que este será el límite que no podrán cruzar los proveedores de naftas y gasoil en la medida que lo deseen.
A priori, Díaz estima que el tope de las petroleras en este segmento se determinará en volumen despachado, no así en cantidad de bocas de propiedad, y en un porcentaje que rondaría entre el 5 y 15 por ciento. “El núcleo pasa por frenar el avance de las empresas”, sostiene Díaz. Además, con estos valores las empresas no tendrían que desinvertir, por lo que enfrentaría menor resistencia por parte del oficialismo y de la oposición.
¿Qué sujetos podrán entregar a las empresas de transporte, de la industria y el agro? Es uno de las preguntas que deberán consensuarse en conjunto. Sobre esto, Aranguren fue claro: “hay ventas que hacen las compañías petroleras, y que creo que no es conveniente, por definición, que las realicen las estaciones, por complicaciones logísticas e incapacidad de proveer el soporte adecuado, de aquel que está pidiendo ese requerimiento”.
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