La presión impositiva, una amenaza para los empleados de las estaciones de servicio

Dirigentes del Sindicato Petrolero de Córdoba, entidad que nuclea al personal que presta tareas en las estaciones de servicio de esa provincia, admitieron que la Tasa Vial que se aplica sobre el precio de los combustibles, podría impactar sobre los haberes del personal. El gravamen promovido por el gobernador José Manuel de la Sota y que rige mediante la Ley 10.081, aplica un tributo de 40 centavos por litro expendido de nafta grado 3 (ultra), gas oil grado 3 (ultra) y otros combustibles líquidos de características similares. En tanto que para el litro de nafta común y súper es de 30 centavos; 20 centavos en el caso del gasoil común y 15 centavos para el Gas Natural Comprimido.

La medida fue muy cuestionada por los expendedores, especialmente aquellos ubicados en localidades cercanas a las provincias vecinas, ya que afirman que quienes antes cargaban en sus estaciones de servicio, a partir del impuesto se aprovisionan en las bocas de las regiones lindantes poniendo en grave riesgo la continuidad de sus comercios.

Los trabajadores, que acompañaron a los empresarios en la protesta, alertaron en aquella oportunidad, sobre el riesgo de la continuidad laboral por la disminución en las ventas, aunque ahora manifestaron su sorpresa – y a la vez su agradecimiento – porque hasta el momento no se produjeron despidos ni suspensiones.

El dirigente del Sinpecor Guillermo Borelli, señaló que así lo manifestaron los delegados de la provincia durante un encuentro sindical. “Está todo muy tranquilo”, refirió. “Nos generaba incertidumbre pero realmente estamos sorprendidos”, se sinceró.

Para ejemplificar las consecuencias de la Tasa Vial sobre los puntos de venta Borelli sostuvo que en localidades como Dean Funes, contabilizaron el paso de 20 camiones sobre la ruta 60 y no paró ninguno en la estación ubicada en ese lugar. “Vamos a ver que pasa ahora con la demanda del campo, esperemos que cambie”, se esperanzó.

El gremialista reconoce que la reducción de los despachos y la consiguiente pérdida de rentabilidad podrían traer consecuencias. La más inmediata podría ser recaer sobre bonificación que los trabajadores perciben para las fiestas, que el año pasado fue de $600. “Puede ser complicado pero somos optimistas”, reconoció Borelli.