La parte que el Gobierno no cuenta sobre los aumentos de los combustibles

Hacía tiempo que no se veía un cruce tan fuerte entre directivos de petroleras y representantes del Gobierno Nacional. Una vez más uno de los protagonistas fue Juan José Aranguren, el presidente de Shell en Argentina, quién se despachó días atrás con aumentos del 12 por ciento en todos los productos, argumentando que era una medida que apunta a recomponer la pérdida de los ingresos por el alza del barril de crudo, siendo que cotiza en dólares. Fiel a su tónica confrontativa, el Gobierno salió al cruce del directivo, ésta vez bajo la espada de Jorge Capitanich, el Jefe de Gabinete, criticando la decisión del empresario.

Expertos en energía que prefirieron no ser citados en la nota dieron otro punto de vista respecto de este choque de posiciones: aseguran que la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) podría en este caso reducir la presión impositiva sobre las naftas y gasoil, hoy superior al 50 por ciento en todos los productos, para abaratar los precios finales. Si bien aconsejan evaluar esta alternativa, por lo visto, advierten que no es la solución que se está analizando desde el Ejecutivo.

En la práctica cuando un automovilista llega a una estación de servicio para cargar gasoil, de los 10 pesos que figura actualmente en la pizarra, 6 se los queda el Estado en concepto de impuestos, menos de un peso el operador de la estación de servicio y el resto la destilería que lo elabora, que a su vez enfrenta el costo del transporte.

Si bien este tema no está en el centro del debate actualmente, no es menor, ya que el grueso de las mercaderías que se comercializan en la economía se transporta a través de camiones que en su totalidad funcionan con este combustible. Los incrementos repercuten directamente sobre la competitividad de la industria y en definitiva sobre el conjunto de la sociedad, ya que las variaciones de los costos de producción luego se trasladan a las góndolas de los supermercados.

Así y todo, Argentina presenta una carga tributaria inferior a otros países de la región como Uruguay, Paraguay y Brasil. Estados Unidos ejerce una presión más baja, mientras que en Europa, dado que el grueso de la energía se importa, llega a ser del 70 por ciento en algunos casos.