La oposición fue la primera en exigir la regulación del mercado de los combustibles

La publicación del Decreto 1277/2012 que reglamentó el Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina permitiendo desde la fijación de precios de referencia a la determinación de inversiones del sector privado, está siendo cuestionado desde diversos sectores políticos, sindicales y empresarios, que impugnan la injerencia del Estado en la actividad.    

Sin embargo, la potestad teórica de la normativa es propiedad de la oposición, más precisamente de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), Juan Carlos Zabalza, Claudio Lozano y Victoria Donda, entre otros. Los legisladores presentaron meses atrás, una iniciativa, la 3689-D-2012, en la que exigen la derogación de los Decretos 1055/89; 1212/89 Y 1589/89, que son la base de la ordenanza que hoy lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández.

Los diputados integrantes del FAP reclamaron la inmediata derogación del marco regulatorio vigente desde hace décadas en materia de hidrocarburos y que “ha garantizado la depredación de los recursos por parte del conjunto de firmas que operan el sector y no solamente por la ex Repsol YPF”, sostienen en el texto.

La vigencia de los decretos dictados en 1989, que abrieron el ciclo de las reformas neoliberales puestas en práctica en la década de los 90, quita credibilidad a cualquier proyecto que sostenga desde lo teórico la participación activa del Estado para delinear una política estratégica que permita el desarrollo independiente y solidario de los argentinos.

“Entendemos que cualquiera sea la forma que adopte la participación del Estado en las decisiones de YPF, la continuidad del marco regulatorio vigente permite a las empresas que extraen el 70 por ciento del petróleo argentino seguir exportando libremente este recurso estratégico sin atender a las necesidades de aprovisionamiento interno, remarcan.

Los parlamentarios sostienen que “hoy estamos padeciendo los resultados de la maximización de los beneficios por parte de las productoras, las que explotan los recursos irracionalmente y sin ninguna orientación ni control por parte del Estado; esta política permitió a las empresas dejar de invertir en la exploración, refinación y transporte de hidrocarburos. Día a día aparecen las consecuencias de este retiro del Estado en cuanto a la fijación de políticas: carencia de gas y de gasoil, porque no alcanzan ni la declinante extracción ni la producción de las refinerías locales, que son las misma de 1988; pérdida del autoabastecimiento integral logrado en 1985, lo que ha dado lugar a importaciones a valores generalmente más altos que los internos, finalmente trasladados a las tarifas”.

“El desarrollo de una política energética autónoma sólo será posible a partir de la derogación de los decretos mencionados y del establecimiento de un nuevo marco regulatorio de los hidrocarburos que tenga como objetivo la satisfacción de las necesidades de todos los argentinos”, expresan finalmente los representantes del FAP.