La muerte de un estacionero por robo desató la polémica por medidas de seguridad

Cerca de las 9 de la mañana del lunes, Miguel Galeano, funcionario provincial y operador de una boca de expendio de la capital de Formosa, junto a su hijo Gonzalo Saddam Galeano Martínez de 23 años y los custodios Diego Ysabelino Ovelar Adorno y Éver Nelson Giménez Ávalos, fueron interceptados a los tiros por una camioneta Nissan Frontier doble cabina color gris. Un barrendero que estaba trabajando también recibió un balazo.

Miguel Galeano falleció en el acto, al tiempo que sus hijos y guardaespaldas resultaron heridos, con estado reservado. Evidentemente, la banda conocía de los movimientos del local y por eso lograron quedarse con los 200 mil pesos que iban a depositar en la cuenta corriente.

Esta tragedia profundizó los reclamos de los dirigentes del sector. Ángel Luis Bigatti, presidente de la Asociación que representa a los expendedores en Formosa, planteó: “Hay cargas públicas que el contribuyente admite porque no tiene alternativa, pero es hora de que se levante la voz en el tema inseguridad. El Estado nos debería reconocer como anticipo de impuestos una suma suficiente como para poder pagar personal de seguridad, seguros, o contratar camiones de caudales y tomar medidas suficientes, a fin de protegernos”.

Bigatti sostiene que “cuando nos roban el dinero de la recaudación, la  mayor parte son los impuestos incluidos en el precio del combustible y no es justo que recaudemos para el Estado de manera gratuita, sin ninguna retribución ni consideración por esta tarea de esclavos; es dinero que no nos pertenece y diariamente ponemos en juego nuestra vida y patrimonio”. Y agrega: “el Estado se comporta como un abusador y no hace nada para reconocer su responsabilidad”.

En consecuencia, espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y aporten soluciones en lo inmediato. Asegura que la situación es crítica y que no se puede esperar otra muerte para reaccionar. ¿Qué alternativas existen? Hasta ahora, retirar el dinero en efectivo fue la única solución que logró reducir el delito. Santa Fe es un ejemplo.