La justicia brasilera aportaría nuevas pruebas de injerencia del gobierno de Rouseff para construcción de regasificadora

Las pruebas en la causa que involucraba a una alta autoridad del gobierno de Dilma Rouseff, terciando con “el Jefe de la Casa Civil” del gobierno de José Mujica, para favorecer a la constructora OAS propiedad del empresario Marcelo Odebrecht en la construcción de la fallida regasificadora “Gas Sayago” en Uruguay, no fueron lo suficientemente sustanciosas para el fiscal Luis Pacheco, quien solicitó el archivo de la misma al considerar “que el documento brasileño no brindaba información relevante”, que por el momento espera la decisión de la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard.

La profesional de la justicia, aguarda dar una sentencia, luego de analizar la respuesta a un exhorto solicitado a Brasil sobre el sonado affaire “Odebrecht”, uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina.

TODO COMIENZA EN EE.UU

Una investigación originada por la justicia norteamericana detalla como Odebrecht habría realizado sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Si bien en Uruguay, no hubo intentos de coimas (una modalidad de Odebretch usual, a través de un “Sector de Operaciones Estructuradas” de la contratista, que se ocupaba de los sobornos, operando desde Suiza), el entonces diputado Pablo Abdala, había denunciado en el parlamento nacional, hechos que indicaban  al ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Fernando Pimentel (años 2011/2014) como intermediario entre OAS y el gobierno del presidente José Mujica para lograr que se otorgaran a OAS la construcción de la inconclusa regasificadora, por lo que –según Abdala- el funcionario habría cobrado una coima por 3 millones de reales.

CON MUJICA

Pimentel visitó Uruguay el 13 de setiembre de 2012, manteniendo una reunión con el entonces presidente Mujica y el ex ministro de Industria, Roberto Kreimerman, cuando se trataron temas inherentes a la  integración productiva entre ambos países.

La denuncia del entonces diputado Abdala, tiene algunos antecedentes con este funcionario miembro del PT, como por ejemplo la acusación del poderoso O Globo (Edición Minas Gerais) de haber recibido R$ 13,5 millones de la contratista Odebrecht para actuar en representación de la empresa en el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior cuando era titular de la cartera, denuncia que pasara al Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre las pruebas presentadas por Abdala, se encuentra la declaración de seis denunciantes, entre los que se encuentra el propio Marcelo Odebrecht, asegurando hubo una transferencia de R$ 13,5 millones al partido PT a cambio de garantías de que los intereses de la empresa serían atendidos en el ministerio.

Además de Pimentel, otros 12 gobernadores, 24 senadores, 37 diputados, ocho ministros y cinco expresidentes figuran entre los mencionados por ejecutivos de Odebrecht en la mayor denuncia de la historia de Brasil.

GESTIONES PARA CONTRATAR A OAS

La denuncia de Abdala, da cuenta que, en 2013, siendo Pimentel ministro de Industria de Rouseff, habría realizado gestiones ante el gobierno del presidente José Mujica para lograr que se otorgaran a OAS los proyectos mencionados. A cambio de eso, habría cobrado de la constructora una coima por tres millones de reales, denuncia avalada por una copia de la justicia del país norteño, en la que un empresario advierte que Pimentel “realizó gestiones ante José Mujica para lograr que la empresa brasileña OAS fuera contratada para realizar la obra, cosa que finalmente ocurrió”.

Tomando en cuenta todas estas consideraciones y en poder del informe del fiscal Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, deberá expedirse en los próximos días sobre un informe de la Justicia brasileña, que trataría sobre la injerencia de un político del gobierno de Dilma Rousseff para que Uruguay contratara a la empresa OAS en la obra de la regasificadora de Gas Sayago.

PEDIDO DE ANCAP

A su tiempo, en representación de uno de los socios de Gas Sayago –ANCAP- el abogado Gustavo Bordes, había presentado (antes del pedido de Pacheco)   tres escritos pidiendo que se diligenciaran más pruebas como la citación de cinco testigos y tener acceso al informe, entre otras medidas.

Bordes reclamó que de todas las actuaciones “se infiere que el Ministerio Público (el fiscal) solicitó en forma reiterada información proveniente de Brasil, respecto de la eventual injerencia de las autoridades del gobierno brasileño en el uruguayo, a los efectos de la contratación de la empresa OAS S.A., como encargada de la realización de parte de las obras de Gas Sayago S.A”.

Más recientemente la justicia brasilera remitió a la jueza Mainard un expediente de 300 páginas, que incluye declaraciones comprometedoras, como por ejemplo las de un empresario brasileño que en 2016 declaró a la Policía Federal que, entre diciembre de 2012 y comienzos de 2013, Pimentel había informado a su entorno que la empresa OAS “iba ayudar al gobierno de Minas Gerais en su campaña electoral”.

MINISTRO PIMENTEL, MEDIADOR ENTRE OAS Y GAS SAYAGO

El empresario declaró ante la policía –según consta en el expediente- haber recibido instrucciones de una persona cercana a Pimentel, de tomar contacto con uno de los directores de OAS para ajustar detalles del acuerdo financiero entre la empresa y el político de Minas Gerais.

Lo más relevante a los efectos de Uruguay, tiene que ver con lo que el empresario declarante, reveló sobre Pimentel quien le confesó que “había intermediado en un interés de OAS en la construcción de un gasoducto en Uruguay” a través de contactos con el entonces jefe de la Casa Civil del presidente José Mujica, “lo que viabilizó la contratación de OAS para la construcción del gasoducto”.

Por su parte el abogado de ANCAP, dijo que no había accedido a la respuesta al exhorto de fiscalía de 300 páginas, en la medida de que jamás fue notificado que el documento había llegado a Uruguay.

A mediados de 2021, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el Dr. Jorge Barrera presentaron en el Juzgado de Crimen Organizado, una denuncia penal para que se investigaran eventuales irregularidades en las inversiones y gastos de Gas Sayago, que fue acompañada por ANCAP de inmediato.

La situación con respecto a Gas Sayago y a la eventual denuncia de haber cedido al pedido de Pimentel, con una adjudicación millonaria en forma directa a OAS, está por el momento a la espera de la decisión judicial que tome la Dra. Mainard, ahora con el exhorto en sus manos.