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Metrogas, que tras el anunció de que llamaría a concurso de acreedores fue intervenida por el Gobierno, arrastra una situación financiera compleja tras once años sin ajustes en sus tarifas y costos operativos crecientes. El Enargas garantizó la prestación del servicio a pesar del control sobre la empresa. Las demás distribuidoras transitan un presente similar
La mayor distribuidora de gas de Argentina, controlada reveló en un comunicado que “no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar los vencimientos inminentes” de su deuda financiera ni el pago de algunas de sus obligaciones comerciales e impositivas.
Al borde del cese de pagos, el directorio de la compañía se reunió y decidió convocar su concurso preventivo. La decisión fue adoptada luego de que fracasara la búsqueda de alternativas de refinanciación, tarea que Metrogas encomendó al banco británico Barclays.
La distribuidora venía advirtiendo de su situación desde hace meses. En todos los casos, culpó de su deterioro financiero a la falta de actualización en las tarifas, congeladas desde hace once años. Incluso, según consigna un informe de la agencia EFE, recordó que en octubre de 2008 suscribió un acuerdo con el Gobierno para negociar un nuevo cuadro tarifario, que fue autorizado en abril de 2009 pero que nunca se hizo efectivo porque el Ministerio de Planificación no dio aún su visto bueno.
Según la compañía, que el año pasado registró una pérdida neta de 78,3 millones de pesos (19,8 millones de dólares) -un 478,2 por ciento más que en 2008-, en estos once años sus costos operativos se incrementaron en un 210 por ciento, sin contar con subsidios estatales, de los que sí se han beneficiado otras empresas de servicios públicos.
Opiniones encontradas
Al anunciar la intervención de la compañía, el Gobierno explicó que “la renegociación del contrato con Metrogas no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa” a retirar una demanda contra el Estado argentino ante un tribunal arbitral internacional por la congelación tarifaria.
El reclamo, por 200 millones de dólares, fue interpuesto ante
durante cada uno de los ejercicios económicos, privilegiando endeudarse en lugar de utilizar los recursos económicos generados por la propia empresa“.
Según la resolución, el actual cese de pagos es una “reiterada contingencia” a la que la empresa “llega por su propia conducta“.
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