Dadas las características de sus giros comerciales, a los dueños de Estaciones de Servicio les son aplicables severos regímenes de recaudación que terminan por originarles saldos a favor crónicos en el mencionado impuesto.

Entre los reclamos históricos de los expendedores se encuentra el de recuperar el importe que los Estados provinciales, les retienen por adelantado en cada adquisición de producto en concepto de Ingresos Brutos o Réditos, dependiendo de la repartición que lo impone.

Al igual que otros contribuyentes del impuesto, los estacioneros han lidiado desde hace años con la acumulación de saldos a favor producto de las diversas retenciones y percepciones sufridas por parte de los agentes de recaudación o bien por aplicación del sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias (SIRCREB).

Vale recordar que en lugares como en la provincia de Buenos Aires, ARBA finalmente flexibilizó las condiciones para que el contribuyente pida el reintegro de las sumas retenidas en Ingresos Brutos y en otras jurisdicciones se comenzó a obrar de la misma manera.

Pero las circunstancias de la economía actual, atentaron contra este avance que en principio podía devolverle algo de rentabilidad al operador de combustibles. Se trata de la inflación, como factor determinante para la “licuación del monto acumulado en concepto de ingresos brutos”.

Al respecto, el consultor tributario Guillermo Poch recalcó en diálogo con surtidores.com.ar, que “como los montos retenidos por el Estado en el sistema de Ingresos Brutos no son actualizables, las pérdidas del contribuyente con la inflación se torna cada vez más grande, ya que, mientras los costos aumentan automáticamente, la deuda del Estado con el estacionero se mantiene en el mismo valor nominal del momento en que fue retenida”.

Finalmente admitió que a esto se le suman otros perjuicios, como cuando las provincias someten al contribuyente a una fiscalización antes de devolverle impuestos, además de que el cumplimiento de los plazos es poco frecuente, por lo cual se debe considerar en muchos casos la intervención de abogados para plantear medidas de pronto despacho, con el consecuente gasto extra.