La discusión por la rentabilidad de las estaciones de servicio llegó al Congreso

Un Proyecto de Resolución -5326-D-2013- que lleva la firma del Diputado Nacional por la Unidad Popular, Claudio Lozano, reclamó precisiones al Poder Ejecutivo sobre los diversos mecanismos que operan para fijar el precio final de los combustibles.

La iniciativa exige que se de a conocer la estimación de los márgenes de comercialización registrados por las empresas refinadoras en la venta minorista, la composición y costos de las naftas Premium, súper, gasoil, gasoil premium y GNC, las razones de las variaciones regionales de los precios finales de los combustibles líquidos y los motivos económicos que determinaron el congelamiento por el término de 180 días implementado a través de la Resolución 35/2013 de la Secretaría de Comercio Interior.

Lozano afirma que desde 2007 en adelante, se vienen registrando subas parciales y casi imperceptibles pero persistentes en el tiempo, de los precios en las bocas de expendio minorista, proceso que se ha acelerado a partir de la existencia de acuerdos tácitos entre las empresas productoras y refinadoras que operan en el mercado hidrocarburífero argentino, con el objetivo ampliamente difundido de ajustar valores según los parámetros vigentes en los mercados de los países limítrofes.

“Son precisamente las empresas expendedoras minoristas (y particularmente las no abanderadas o independientes), las que- como último y más débil eslabón de la cadena- suelen hacer referencia a la problemática de su persistente baja de rentabilidad en los márgenes de comercialización que, en los últimos años, se han deteriorado ostensiblemente”, explica el legislador y ahora candidato a senador por Camino Popular. “Téngase en cuenta que, en los últimos ocho años, han cerrado más de 4.500 establecimientos de expendio a causa de la pérdida estructural de rentabilidad, cuya contracara es la concentración de la actividad económica hidrocarburífera en los distintos eslabones de las grandes empresas del sector que terminan así por controlar mayores cuotas de mercado”, agrega.

Para Lozano, el tipo de estructura del mercado hidrocarburífero, “presenta una configuración altamente concentrada y oligopólica en las dos dimensiones centrales de la operatoria de la oferta del negocio”. En tal sentido señala que esta nueva situación normativa se reglamentó a través de tres Decretos Ley de 1989, el 1055, el 1212 y el 1589, que subvirtieron aspectos centrales del funcionamiento del sector energético nacional establecidos en la Ley 17.319, vigente desde 1967 y jamás derogada hasta la actualidad.

Esta situación, puntualiza Lozano, “ha generado conductas y modos de operación e intervención que propenden a la acción cartelizada de las empresas que controlan la oferta en los distintos eslabones de la actividad”. Subraya que el complemento inevitable de este comportamiento de las empresas del sector, “es el automático traslado a precios sobre el eslabón más débil, que es la distribución minorista de combustibles líquidos”.

Subsidiariamente a estos planteos, apunta a la problemática de la composición de costos y el ingrediente impositivo y fiscal, que requiere de modificaciones integrales de modo tal de poder proponer cambios progresivos en la carga tributaria final de los combustibles.

Lozano finalmente recala en el tope de comercialización establecido a través de la Resolución 35/2013 de la Secretaría de Comercio Interior. Opina que desde la publicación de la medida, se ha producido una carrera de precios entre las operadoras y las estaciones de servicio, generando una nueva situación de zozobra para los consumidores y para el funcionamiento de todo el sector.

En virtud de esclarecer cuál es la situación imperante en la política de comercialización de combustibles líquidos y los mecanismos de fijación de precios, solicitó a sus pares la aprobación del presente proyecto.