La compra de combustibles ocupa el segundo escalón en las operaciones con tarjetas

A pesar de que todavía hay una considerable cantidad de estaciones de servicio que no las aceptan como mecanismo de pago, la compra de combustibles con tarjetas de crédito o débito se ha generalizado de tal manera que la operatoria ocupa el segundo lugar en el ranking de transacciones con dinero plástico.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Tarjeta Naranja, las estaciones de servicio escoltan a los supermercados en este tipo de operatoria  al tiempo que se ubican por delante de las farmacias y las librerías. Y no solo en un solo pago, lo mismo sucede con las cuotas.

Para los expendedores la utilización del dinero plástico representa aproximadamente el 20 por ciento de las ventas totales. Es una cifra promedio, ya que en algunas tiene mayor preponderancia mientras que en otras no influyen tanto en el número final. En lo que si coinciden los estacioneros es en que su utilización crece exponencialmente a partir del día 15 de cada mes.

También concuerdan  en lo gravoso que resulta su utilización ya que deben inmovilizar un capital de trabajo desproporcionado con la rentabilidad del negocio. Es que los bancos depositan el dinero en la cuenta corriente 28 días después de realizarse el consumo, con un costo del 1.5 por ciento, que en el caso de las estaciones representa un 18 por ciento del margen de ganancia.

Al respecto, Miguel De Paoli, presidente de la Cámara de Expendedores de Chaco (CECACH) propine reducir la comisión que cobran las entidades financieras por las operaciones con plásticos. “La realidad de nuestro sector demanda una inmediata disminución  del 50 por ciento en el costo de los aranceles y una acreditación de las tarjetas de crédito en 48 horas, como era antes”, exige el empresario.

Mientras tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está ejerciendo una fuerte presión sobre las bocas de expendio para verificar si disponen de capturadores electrónicos de tarjetas de débito y crédito (Posnet). Cuando detectan establecimientos que no están equipados, intiman al responsable del local y le dan un plazo máximo de diez días para instalar la terminal electrónica y evitar sanciones. La única excepción es para los negocios ubicados en las localidades con población menor a 5.000 habitantes.