La eliminación de multas e indemnizaciones agravadas que penalizaban a los empleadores por incumplimientos laborales parece haber abierto la puerta a una mayor flexibilidad en favor del empresario de Estaciones de Servicio al momento de litigar una demanda de un empleado.

Entre los cambios clave, la derogación de sanciones por falta o defectuosa registración del trabajador, la eliminación de penalizaciones por falta de pago en término de indemnizaciones y el fin de multas por omisión de aportes o falta de entrega de certificaciones laborales, buscan modernizar la legislación y fomentar la formalidad. Sin embargo, la aplicación de estas reformas en litigios iniciados antes del 9 de julio de 2024 es un motivo de divergencias en los tribunales.

Un fallo genera expectativas entre los estacioneros por la reducción de costos en juicios laborales

En el marco de un tiempo de debate sobre reformas en las leyes de empleo, el sector de las Estaciones de Servicio sigue con atención las implicancias del denominado  “fallo Levinas”, que podría marcar un antes y un después en la actualización de los créditos laborales.

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Así lo consideró el abogado Francisco Turzi, quien advirtió en diálogo con surtidores.com.ar que los estacioneros deben actuar con cautela ante posibles litigios por despidos.

Destacó que algunos jueces han optado por aplicar la Ley Bases de forma inmediata, considerando que las sanciones derogadas ya no pueden imponerse, incluso en juicios previos a la reforma, basándose en el principio de retroactividad de la ley penal más benigna.

Pero recalcó que en contraste, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y otros tribunales han fallado a favor de los trabajadores, sosteniendo que las multas deben aplicarse si los hechos ocurrieron antes de la modificación legal, defendiendo los derechos adquiridos de los empleados.

Ante este panorama, Turzi recomendó a los estacioneros tomar medidas preventivas para evitar futuros conflictos judiciales. Regularizar la situación laboral de los empleados, implementar prácticas de cumplimiento normativo, documentar correctamente la relación laboral y evaluar los litigios en curso con asesoramiento especializado, son pasos fundamentales para reducir riesgos. Además, recordó la importancia de negociar acuerdos extrajudiciales cuando sea conveniente ya que puede minimizar costos y evitar largos procesos.

Explicó en ese sentido que para los trabajadores, la reforma supone la posibilidad de que sus derechos adquiridos antes del 9 de julio sean reconocidos en juicio. En caso de litigios pendientes, es clave analizar junto a un abogado laboralista el impacto de la nueva legislación y, en situaciones de irregularidades previas, presentar reclamos respaldados por jurisprudencia reciente. “Contar con documentación laboral adecuada, como recibos de sueldo, mensajes con el empleador y testigos, se vuelve esencial para sustentar cualquier acción legal”, comentó el letrado.

“Mientras el Gobierno busca reducir la litigiosidad y flexibilizar las relaciones laborales, la falta de un criterio único en los tribunales genera incertidumbre. En este contexto, el mejor camino es la información y el asesoramiento legal oportuno, garantizando previsibilidad y seguridad jurídica en las decisiones”, sentenció Turzi.