Intiman a las Estaciones de Servicio a informar los precios para comprobar si se cumple el congelamiento

Si bien se encuentra en pleno funcionamiento el sistema de control de precios al público de la Secretaría de Energía, que obliga a los operadores, a cargar los valores en pizarra en el “Sistema en línea de información de precios de combustibles en el surtidor”, algunas provincias – por iniciativa propia – comenzaron operativos de control local.

La operatoria que podría extenderse a otras regiones del territorio nacional, comenzó en Corrientes, en donde, por orden del Secretario de Comercio provincial, Juan José Amhar, se exigió a través de notas oficiales a las expendedoras a que informen en un plazo de dos días cuáles son los precios a los que ofrecen sus combustibles.

En diálogo con surtidores.com.ar, el funcionario expresó que “hemos intimado a los estacioneros a que nos suministren la lista de los precios de sus productos, para lo cual le dimos 48 hs. de tiempo de respuesta”.

Afirmó que no hubo hasta el momento rechazo alguno del pedido por parte de los empresarios y la mayoría mostró la voluntad de cumplimentar la medida, que será la base de los controles que el gobierno provincial llevará a cabo desde el próximo lunes conforme al Decreto Presidencial.

CONSUMIDORES CONFORMES CON LA MEDIDA

Consultado sobre el tema, el representante de la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino, se mostró de acuerdo con esta decisión del gobierno correntino y alentó a que los funcionarios profundicen estas prácticas a nivel municipal y en todo el país.

A pesar de reconocer que el poder de imposición de precios por parte de las Estaciones de Servicio de precios al público es limitado por las mismas petroleras que restringen de hecho los valores de venta, insistió en que por estos 90 días que dure la vigencia del decreto, “se torna necesario un control exhaustivo”.

El ex diputado informó que en el caso de que las bocas de expendio incumplan con el congelamiento o no quieran precisar datos a las autoridades de aplicación, podrían recibir sanciones en el marco de la ley de defensa al consumidor.