Informe comprueba los perjuicios que los saldos a favor por Ingresos Brutos generan en los estacioneros

Economistas de la Central de Trabajadores Argentinos, publicaron recientemente un detallado trabajo donde se hace hincapié en la importancia que adquiere en la recaudación total de la Provincia de Buenos Aires, el Impuesto a los Ingresos Brutos, del cual, los expendedores de combustibles vienen reclamando.

Tal cual lo expresado por el sondeo firmado por Paula Belloni y el equipo de Investigación que constituyen María Dolores Liaudat, Laura Muñoz, Mariana Fernández Massi y Joaquín Lazarte, este gravamen al que consideran “regresivo”, acapara el 74,1 por ciento, del total percibido por el fisco bonaerense que entre el año 2008 y 2015, se incrementó en un 508,3.

Al respecto, el Asesor de la Federación de Entidades de Combustibles, contador Sebastián Vázquez, alertó que “de acuerdo al informe y a datos de la misma Agencia de Recaudación ARBA, se incrementa cada vez más lo que el Estado cobra por IB, a través de los agentes de recaudación quienes perciben y retienen al consumidor, como las empresas petroleras y los bancos”.

Agregó en ese sentido que “este esquema fuertemente anclado a la actuación de los entes de recaudación como las Estaciones de Servicio, cambia la estructura del impuesto y genera permanentes saldos a favor que azotan a las bocas de expendio con modalidad de reventa” y aclaró que aquellas que venden combustible por consignación no tienen ese problema.

Vázquez explicó que en las pymes del sector que actúan como agentes de recaudación en la modalidad afectada, con carga impositiva pesada y mayores alícuotas, afrontan el 3,4 por ciento en la compra de combustibles, le retienen el 3 por ciento de todo aquello que se vende con tarjeta y además, cuando esa operación se acredita en sus cuentas bancarias, también le efectúan un nueva retención.

A estos conceptos, se suma lo informado por los economistas gremiales que dicen que el impuesto empieza a incrementar su participación de forma constante a partir del año 2004. Se corresponde con el inicio de un período de fuerte dinamismo de la actividad económica –donde reside la base de este tributo – el cual fue acompañado por el incremento progresivo de alícuotas, en particular el marco de las reformas fiscales de 2009 y 2012.

El especialista coincidió con el planteo de avanzar en una reforma fiscal provincial, la cual no puede tratarse en forma separada de los tributos nacionales y del sistema de coparticipación federal, basada en una justicia tributaria e incorporar mecanismo de actualización automática para bases imponibles y exenciones.

“Esta reforma debe tener en cuenta las asimetrías que nuestra actividad viene asumiendo con los saldos a favor que le corresponden a los dueños de establecimientos de combustibles a través de demandas de repetición de estos puntos, que obliga a los comerciantes a salir a buscar esos fondos a través de créditos bancarios que los entrampa en pago de intereses y un sobreesfuerzo innecesario si tenemos en cuenta que esos valores que retiene el estado le corresponden al empresario particular”, finalizó.