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Un proyecto de ley impulsado por el diputado Juan Fernando Brügge, propone reformular los porcentajes de distribución del ICL para aumentar los recursos que reciben las provincias y municipios.
El debate sobre la distribución de los impuestos a los hidrocarburos vuelve a cobrar fuerza en la Cámara de Diputados. Actualmente, la mayor parte de lo recaudado por este tributo nacional que ocupa un 60 por ciento del total del precio del litro, queda en manos del Estado Nacional con una porción significativamente menor destinada a las provincias.
En este sentido, el diputado cordobés Juan Fernando Brügge, elevó en la Cámara Baja la propuesta que busca fortalecer las finanzas de provincias y municipios a través de una redistribución más equitativa del impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.
Según explicó Brügge a surtidores.com.ar, la medida permitiría que los gobiernos locales obtengan ingresos suficientes para reemplazar tasas municipales y provinciales como la polémica tasa vial, un recargo que actualmente encarece el precio de las naftas, el gasoil y el GNC, en distintas regiones.
El autor de la iniciativa parlamentaria detalló que según cálculos del ARCA, durante febrero de este año, el Estado recaudó $339.280 millones en concepto de impuesto a los combustibles. De este total, el 90 por ciento, es decir, $305.352 millones, quedó en manos del Estado Nacional, mientras que solo el 10 por ciento restante fue distribuido entre las provincias. Esta situación se debe al actual esquema determinado por la Ley de Impuesto a los Combustibles.
Vale destacar que según la legislación vigente, la distribución de los fondos es la siguiente:
La reforma encarada por el integrante del Bloque Encuentro Federal, busca modificar esta estructura de manera radical, otorgando un mayor porcentaje de los fondos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de reducir la dependencia de estos distritos de impuestos adicionales como la tasa vial. La nueva distribución propuesta es la siguiente:
El legislador argumentó que con esta reforma se darían las condiciones para que las provincias y sus municipios tengan mayor disponibilidad de fondos, evitando la necesidad de aplicar impuestos adicionales que encarecen el precio final de los combustibles. Un claro ejemplo de esto es la “tasa vial“, que, según datos oficiales, recauda un promedio de $4,5 millones por mes.
Con una distribución de recursos más equitativa y transparente, Brügge concluyó que se podría liberar a los usuarios y a las Estaciones de Servicio de la carga impositiva extra, beneficiando directamente a los consumidores y permitiendo un precio más competitivo en las naftas, gasoil y GNC.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación actual y el proyecto de ley propuesto:
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