Impulsan a través de una ley la creación de un fondo para capacitar al personal de las Estaciones de Servicio

Con características similares al Proyecto de Ley de Comercialización de Combustibles Líquidos y Gaseosos que en numerosas oportunidades fuera elevado al Congreso Nacional sin éxito, en la provincia de Buenos Aires mantiene el estado parlamentario una iniciativa de protección a las Estaciones de Servicio.

El texto fue redactado por el senador José Luis Pallares, quien reconoció en diálogo con surtidores.com.ar que “por el momento no pudo ser incluido en la agenda de sesiones ordinarias ni de la Comisión respectiva, porque los tiempos que impuso la pandemia del COVID 19 modificaron las prioridades legislativas”, lamentó.

Entre los puntos más destacados de la propuesta, se destaca la creación de un fondo para medio ambiente, seguridad, salud de los trabajadores, capacitación y tecnología, que provendrá de un aporte obligatorio, a cargo de los comercializadores mayoristas sobre el valor al público del volumen facturado a las expendedoras de combustibles. Con el mismo método, también deberán aportar las empresas proveedoras de gas con destino al uso automotor.

Entre los postulados del proyecto, Pallares afirma que debe “actualizarse la normativa con la mira de asegurar la competencia, evitar el monopolio, promover la remediación ambiental y proteger a los trabajadores y trabajadoras de las Estaciones de Servicio”.

Agregó que además de impedir la competencia desleal por parte de las petroleras, se propone lograr el abastecimiento total y permanente de combustible y sus derivados, tanto a las estaciones que poseen una bandera como de aquellas que no la tengan por distintos motivos, éstas últimas denominadas comúnmente “estaciones blancas”.

Asimismo prohíbe en su totalidad el expendio minorista por parte de las compañías productoras, como también, le permite a los expendedores comprar directamente en refinerías o plantas de despacho, y a realizar el transporte por sus propios medios.

Pallares explicó finalmente que las normas, que tienen previstas multas muy elevadas en caso de incumplimiento, redundarán en una protección para las empresas familiares generadoras de empleo genuino como para los consumidores.