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Ayer, pasado el mediodía el Ministerio del Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que llevaba adelante la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles. Se produjeron algunas demoras que complicaron el normal suministro a las estaciones de servicio. Denuncia por interrupción de un “servicio público”
El conflicto gremial iniciado por los trabajadores nucleados en la Federación Argentina del Petróleo, Gas y Biocombustible había comenzado ayer por la madrugada pero la conciliación obligatoria por 15 días dictada por el Ministerio de Trabajo logró desactivar una medida que podría haber afectado el abastecimiento de combustibles.
De este modo y en forma gradual, las refinerías y plantas de despacho retomaron la rutina habitual. Sin embargo, según pudo constatar surtidores.com.ar, se registraron algunas demoras que complicaron el normal suministro en las estaciones de servicio.
Alberto Roberti, secretario general del gremio, afirmó que el paro se resolvió porque la cartera laboral no reconoció el resultado de las elecciones realizadas el 14 de este mes en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Cuyo, donde ganó una lista opositora a la conducción afín a Roberti, diputado massista.
En el sindicato cuyano se ponía en juego la reelección del actual titular del gremio, Dante González, diputado nacional oficialista y la nómina opositora estaba encabezada por David Castro (aliado de Roberti), quien finalmente se alzó con la victoria por unos 2.000 votos. La Junta Electoral argumentó supuestas irregularidades, como “el pago de votos, amenazas y robo de urnas“, según denunció González ante la prensa.
No obstante a pesar de la decisión ministerial de convocar a las partes a dirimir la disputa en ese ámbito, Castro advirtió que seguirán con el paro y el corte en la destilería de Luján de Cuyo de YPF, una decisión que complicará la actividad de los surtidores en la región.
Denuncia penal
El subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens, formalizó ante la justicia penal una denuncia para que se investigue “la posible comisión de delitos de acción pública por parte de quienes, en contexto de una supuesta o aparente medida de fuerza, impiden, estorban y entorpecen el funcionamiento de yacimientos, refinerías y plantas de todo el país“.
El escrito señala que en el día de la fecha “uno de los mayores sindicatos de petróleo del país inició una medida de fuerza que bloquea la producción de yacimientos de petróleo y gas, la producción de combustible por bloqueo de refinerías y estaciones de servicio” y estima que ese accionar “impactará sobre 40 millones de m3 de gas natural que no solo afectará la industria nacional sino también en la provisión domiciliaria de gas“.
“Nos encontramos ante una actividad calificada por ley como servicio público, la cual no puede ser interrumpida ni amenazada por actitudes sindicales que exceden el legítimo derecho de huelga. Ningún ciudadano de nuestro país puede ver en riesgo la prestación de estos servicios esenciales con la mera invocación de un conflicto de un sector sindical con uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional“, destacaron desde el Ministerio de Planificación.
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