Hermetismo sobre la aplicación de una tasa municipal que afecta a las Estaciones de Servicio

Entre dudas y silencio de las autoridades, sigue en vigencia la polémica obligación aprobada por el Consejo Deliberante de Bolívar, que impone el cobro de una tasa especial de “seguridad e higiene”, que le implicará a cada Estación de Servicio una erogación bimestral de 200 mil pesos, más 15 mil por cada surtidor que posean y a esto además le suma 50 centavos por litro vendido.

Luego de que la Federación de Entidades de Combustibles preparase una medida de acción de amparo ante la justicia para impedir lo que consideraba una doble imposición disfrazada de impuesto, lo que la transforma en ilegal ya que solamente pueden crearse tributos por una ley a nivel nacional o provincial, corrieron versiones de que se iba a modificar la Resolución.

Desde el oficialismo hablan de cambios, pero no se explica cuáles ni cómo serán. Mientras tanto el tiempo corre y quienes no paguen serán considerados morosos por la intendencia.

Ninguna de las fuentes consultadas por surtidores.com.ar, pudo asegurar certeramente variación alguna en el texto que dio origen al impuesto. “Dijeron que iban a emitir un decreto para aminorar las cargas hasta en un 25 por ciento, pero hasta el momento no hay nada firmado, ni quieren darnos certezas de cómo se llevarían a cabo la supuestas reducciones”, manifestó a este medio el concejal de JxC, Ariel Alomar.

Por su parte el edil de Cambiemos Andrés Porris alertó que “modificar una resolución por decreto atenta aún más contra la legalidad de una medida que de por sí ya es cuestionable“.

Los dueños de las expendedoras de Bolívar informaron por su parte que “están esperando que les den a conocer la reglamentación” de la ordenanza fiscal 2722, que contempla el nuevo impuesto a la venta de combustibles.

La oposición coincide en que “quieren utilizar los recursos genuinos de empresarios PyMES como los estacioneros, equiparándolos engañosamente al nivel de rentabilidad de los bancos, para sostener una cantidad insólita de empleos públicos creados por el oficialismo para sostener cargos políticos, lo que llevó al municipio a no poder sustentarse”.