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Jueves, 13 de agosto 2026
Energías
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La política energética que transformó la matriz uruguaya tiene fecha de vencimiento en 2030 y desde AUDER advierten que la próxima etapa deberá resolver asuntos que quedaron pendientes.
Uruguay tiene poco más de tres años para definir qué política energética quiere aplicar durante las próximas décadas. La hoja de ruta que permitió modificar de manera profunda la matriz nacional llega a su vencimiento en 2030 y, según el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, Diego Oroño, la siguiente etapa no puede limitarse a sumar nuevas fuentes de generación.
El próximo acuerdo debería incorporar cambios tecnológicos, pero también revisar la arquitectura institucional sobre la que funciona el sector. Movilidad eléctrica, hidrógeno verde, almacenamiento, nuevos proyectos industriales y una eventual producción petrolera forman parte de una agenda que, a juicio del dirigente, requiere decisiones anticipadas.
“Estamos a tres años y medio de que la misma caduque”, señaló Oroño durante una entrevista con el Centro de Estudios de Políticas Públicas, a la cual accedió Surtidores, al referirse a la política energética vigente.
EL DEBATE QUE ALCANZA A UTE Y ANCAP
Uno de los planteos más profundos de Oroño apuntó al funcionamiento institucional del sector. A su entender, el eje regulatorio quedó rezagado respecto de los avances obtenidos en generación y acceso a la energía.
El presidente de AUDER señaló que UTE y ANCAP cuentan con una fortaleza económica e institucional que dificulta, en determinados ámbitos, la capacidad de los organismos encargados de supervisarlas.
“Creo que hay cierto consenso de que es necesario que esto suceda, pero no lo hemos visto poder hacer”, respondió al ser consultado sobre la voluntad política para fortalecer a los reguladores.
En el caso eléctrico, propuso que UTE concentre su actividad principalmente en transmisión y distribución, mientras que la generación tenga un papel complementario. Para respaldar su posición recordó el mecanismo utilizado durante la primera transformación de la matriz, cuando el Estado definió las condiciones y distintos actores privados asumieron inversiones y riesgos.
También cuestionó el funcionamiento efectivo del mercado mayorista. Según explicó, Uruguay cuenta formalmente con ese esquema, pero en los hechos opera en buena medida como un sistema de comprador único, con UTE como principal adquirente.
A su entender, deberían existir mayores posibilidades para contratos entre privados y una participación más relevante de ADME en los procesos de compra de energía.
El análisis alcanza a ANCAP y, en particular, al negocio de distribución de combustibles. Oroño consideró que existe “un trabajo fuerte todavía que hacer” para desmenuzar esa actividad y evaluar su funcionamiento, con una posible incidencia sobre el costo final para los usuarios.
Cabe destacar que en declaraciones recientes, Alejandro Stipanicic, el presidente del CEPP y expresidente de ANCAP, Uruguay cuenta desde hace años con diagnósticos suficientes sobre las dificultades del sector. El mismo planteó la necesidad de una mayor coordinación entre las empresas públicas vinculadas con la energía. Su posición fue contundente al referirse a una eventual integración entre ANCAP y UTE: “es absolutamente inevitable”.
Para el especialista, ambas organizaciones persiguen un mismo objetivo, el suministro de energía, aunque lo hagan a través de tecnologías diferentes. “Una maneja moléculas y la otra electrones”, resumió, al explicar que el desarrollo del hidrógeno y de nuevos energéticos hará que sus actividades sean cada vez más complementarias.
EL PETRÓLEO TAMBIÉN DEBERÍA TENER REGLAS ANTES DE APARECER
La futura política deberá contemplar además una posibilidad que Uruguay todavía no sabe si enfrentará: un eventual descubrimiento de petróleo.
Para Oroño, esperar a conocer el resultado de una exploración para comenzar a discutir sus consecuencias sería un error. El país debería establecer previamente qué controles aplicaría y qué destino tendría una eventual renta petrolera.
Entre sus propuestas aparece la creación de un observatorio de impacto ambiental de la actividad, con participación de distintas instituciones y continuidad más allá de cada administración.
El segundo instrumento sería un fondo soberano destinado a definir anticipadamente qué hacer con los recursos derivados de una eventual explotación. La referencia elegida fue Noruega, país productor de hidrocarburos que, al mismo tiempo, mantiene una matriz eléctrica prácticamente renovable y una elevada penetración de vehículos eléctricos.
La comparación apunta a que para Uruguay, la aparición de petróleo no tendría por qué cancelar el proceso de transformación energética, siempre que existan reglas previamente establecidas y una estrategia de largo plazo.
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