Galuccio: “Gracias a la Presidenta tenemos una YPF profesional que nos permitió recuperar la producción”

A raíz de la decisión de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal por la cual la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sería investigada formalmente en una causa penal por el decreto que habilitó el acuerdo de la empresa YPF con la norteamericana Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta en la provincia del Neuquén, el CEO de la compañía, Miguel Galuccio, efectuó algunas precisiones.

“El decreto 929/13 constituyó un punto de partida para atraer las inversiones que nos permiten poner en producción vastos recursos de gas y petróleo de la Argentina, en especial los no convencionales, y dar un horizonte de previsibilidad para las inversiones que por su naturaleza son de muy largo plazo”, afirmó Galuccio.

Por el acuerdo entre YPF y Chevron se llevan invertidos en Loma Campana más de 1240 millones de dólares y este año se sumarán inversiones por otros 1600 millones dólares. “Son más de 168 pozos perforados en la formación Vaca Muerta y estimamos que para fin de año vamos a llegar a los 321 pozos. Son 10.500 puestos de trabajo en Neuquén entre directos e indirectos y un proceso multiplicador de la inversión en los servicios asociados con la puesta en producción de estos recursos”, agregó.

Galuccio dijo: “Gracias al apoyo de la Presidenta tenemos una empresa profesional, competitiva y con sentido nacional. Eso nos permitió recobrar credibilidad y confianza para recuperar el acceso a los mercados internacionales, lo que constituye un hito en la historia financiera de YPF y del país”.

El martes, la Cámara anuló el dictamen de la fiscalía por el cual se había desestimado la denuncia contra la Presidenta Cristina Kirchner y ordenó que se siga investigando una denuncia contra el acuerdo YPF Repsol.

La denuncia la presentaron los diputados porteños Alejandro Bodart y Enrique Viale, de Nueva Izquierda, contra la firma del decreto 929/2013 firmado por la Presidenta, a quien le atribuyen la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.

El fiscal Taiano había considerado que no había delito al considerar que no hubo “irregularidad o inobservancia legal“, por lo que hace “descartar la tipicidad de las conductas denunciadas“. Pero la Cámara Federal consideró que “existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado“, y coincidió con el criterio que había adoptado la jueza federal María Servini de Cubría.