Fuga de combustibles en una Estación de Servicio: evacuación y un conflicto que llegó a Tribunales

La rutina de varias familias del barrio de La Boca se vio interrumpida el 17 de octubre, cuando las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de dos edificios ubicados sobre la avenida Almirante Brown. La medida, dispuesta tras detectarse niveles inusuales de vapores inflamables en la zona, implicó que más de treinta grupos familiares debieran dejar temporalmente sus viviendas, en algunos casos sin poder retirar todas sus pertenencias.

El episodio se originó por un derrame de sustancias con olor y aspecto compatible con hidrocarburos, que se filtraron en pluviales y bocas de registro cercanas. El hallazgo encendió las alarmas: los peritajes iniciales indicaron riesgo efectivo para la salud y la seguridad, lo que motivó una clausura preventiva del establecimiento comercial contiguo y el desplazamiento forzoso de los residentes.

Capacitación: ¿Cuáles son las preocupaciones legales más frecuentes entre los estacioneros?

En un tiempo de desregulaciones y dinámica económica, las Estaciones de Servicio en Argentina enfrentan un complejo entramado de normativas que exigen atención meticulosa y asesoramiento especializado.

Ver mas

La escena que siguió fue de desconcierto. Muchas familias abandonaron sus hogares con lo puesto, pensando que regresarían en 48 horas. Sin embargo, el cierre del área se prolongó y, semanas después, la situación continúa sin una fecha concreta de resolución. Los habitantes que iniciaron la acción judicial señalan que nunca recibieron, en el momento del desalojo, alternativas habitacionales acordes a sus necesidades ni asistencia sanitaria para evaluar los posibles impactos de la exposición.

A partir de los informes socioambientales incorporados al expediente, el cuadro de vulnerabilidad quedó en evidencia: la mayoría de los evacuados no cuenta con ingresos capaces de sostener un alquiler en la Ciudad, muchos perdieron herramientas de trabajo que quedaron dentro de los departamentos y varios grupos familiares dependen actualmente de comedores comunitarios para alimentarse. El Gobierno porteño dispuso alojamiento en un hotel céntrico, pero no todos fueron alcanzados por la medida y algunos viven de prestado, a la espera de una solución más estable.

En el plano económico, los gastos también se dispararon. Al no disponer de cocina, heladera ni lavarropas, los vecinos deben comprar comidas preparadas y acudir a lavaderos, un impacto difícil de afrontar para hogares que ya se encontraban en situación de precariedad. A ello se suma el aumento en los costos de movilidad: al estar alojados lejos de sus escuelas, trabajos y centros de salud habituales, el traslado cotidiano representa una carga adicional.

En diversos testimonios, los vecinos expresaron ansiedad, episodios de angustia y problemas de salud derivados del estrés que genera la incertidumbre. Algunos debieron recibir atención médica, mientras otros quedaron aislados de sus rutinas laborales. Las familias con niñas, niños y adolescentes expusieron las dificultades para sostener la continuidad educativa y emocional en un contexto de desarraigo forzado.

En este marco, la Justicia ordenó que las autoridades locales continúen brindando alojamiento a quienes ya fueron trasladados y que ofrezcan alternativas equivalentes a quienes aún no cuentan con un espacio de resguardo. También dispuso que se otorgue un subsidio mensual extraordinario para cubrir alimentación, higiene, movilidad y salud, calculado en función de la Canasta Básica Total de la Ciudad. La ayuda deberá ser de carácter integral y no requerirá rendición de gastos.

Capacitación: ¿Cómo contener un derrame de combustible?

Es frecuente que se produzcan derrames de combustibles durante el expendio o la descarga. La manera segura de actuar frente a estas contingencias minimizará los riesgos.

Ver mas

Además, el tribunal habilitó el ingreso seguro y coordinado a las viviendas para retirar pertenencias esenciales, herramientas de trabajo, documentación y mascotas, y requirió que se mantenga una consigna policial para proteger los inmuebles mientras permanezcan deshabitados.

Las familias, que residen desde hace años en esos edificios, insisten en que no buscan soluciones transitorias, sino garantías concretas de que podrán volver a sus hogares solo cuando peritos ambientales confirmen que no existe riesgo para la vida o la salud. También reclaman claridad sobre los tiempos de las tareas de remediación y el avance de la causa penal paralela, que investiga las responsabilidades por el derrame y los contaminantes detectados.