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El diputado Carlos Castagneto denunció que la política energética oficial está provocando una baja deliberada en las ventas en las Estaciones de Servicio, afectando tanto a los usuarios como al sector minorista.
El impacto de las decisiones económicas del Gobierno sobre la red de expendio de combustibles empieza a generar fuerte preocupación legislativa. Desde su asunción, las estaciones atraviesan una depresión constante en el volumen comercializado, producto de los fuertes incrementos en los precios y del peso creciente de la carga tributaria. En este contexto, el diputado nacional y extitular de la AFIP durante la gestión de Alberto Fernández, Carlos Castagneto, advirtió que “se está impulsando una retracción deliberada del consumo como herramienta para contener artificialmente el índice de precios”.
En declaraciones a surtidores.com.ar, Castagneto sostuvo que “esto no tiene nada que ver con un sinceramiento tarifario, como intenta instalar el oficialismo. Es un ajuste encubierto que recae directamente sobre los bolsillos de la ciudadanía y sobre la estructura comercial de las estaciones”.

Desde diciembre de 2023, los valores en surtidor acumulan una suba promedio del 260 por ciento, con alzas mensuales que, en muchos casos, superaron ampliamente los registros inflacionarios. A ello se suman las actualizaciones trimestrales del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del gravamen al Dióxido de Carbono, que el Gobierno volvió a aplicar tras haber sido congelados en la gestión anterior.
Para Castagneto, “el litro de nafta y gasoil se encareció notablemente, no solo por la presión fiscal sino también por decisiones discrecionales del Ejecutivo. YPF aplicó una leve rebaja recientemente, pero fue efímera: en pocas semanas, los precios volvieron a subir. Fue un gesto aislado, sin impacto real para los usuarios”.
El legislador también remarcó la falta de señales positivas en materia de inversión energética. “No hay nuevos desembolsos en Vaca Muerta, se mantiene el mismo nivel de extracción, y muchas firmas internacionales están retirándose. En paralelo, el Gobierno prioriza exportar antes que abastecer el mercado interno. Esa lógica fiscalista busca mostrar superávit a cualquier costo, y el precio lo pagan las bocas de expendio y los consumidores finales”, enfatizó.
En cuanto a las diferencias regionales, Castagneto puso el foco en el encarecimiento del gasoil en el interior del país, incluso por encima de los valores vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. “En provincias como La Pampa o en ciudades patagónicas como Comodoro Rivadavia, el precio es mayor pese a los beneficios impositivos históricos, que ya han sido eliminados. Están desmantelando los esquemas de compensación territorial. ¿Cómo puede subsistir un establecimiento con menor caudal de ventas y mayores costos operativos?”, se preguntó.
También cuestionó el rumbo general de la política económica del oficialismo: “Están abriendo indiscriminadamente las importaciones mientras en el resto del mundo se aplican medidas de protección industrial. El Gobierno parece decidido a reducir la actividad local, achicar el consumo y facilitar la especulación financiera. Se comieron el blanqueo, tomaron otro crédito del FMI y ahora vuelven a pedir fondos al BID. Es una economía de casino”.
En este escenario, legisladores de los bloques opositores en la Cámara baja concluyeron que la situación del sector es crítica. Las operaciones se reducen, los márgenes se deterioran y la incertidumbre en materia de precios impide planificar a corto y mediano plazo. Si la demanda sigue en caída libre, advierten que muchas estaciones pequeñas no resistirán el embate del ajuste.
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