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¿Hay aspectos legales que requieren de una regulación por parte de la Secretaría de Energía? Los referentes de la actividad aseguran que hay puntos que deberían ajustarse a los tiempos actuales, sobre todo en lo que respecta a cuestiones operativas, para lo que sugieren invitar al debate a los expendedores minoristas y empresas auditoras.
Desde hace por lo menos un año, funcionarios de la cartera energética vienen trabajando y analizando las especificaciones técnicas que controlan a las bocas de expendio. El proyecto está listo y ya fue presentado a Mariana Matranga, la titular del organismo, pero todavía no fue aprobado. Trata principalmente sobre normas de seguridad y medio ambiente.
En contacto con surtidores.com.ar, Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio (AES) explica que “la última norma “ómnibus” integral en materia de estaciones de servicio fue el Decreto 2407 que data de 1983, hace ya 32 años”.
En ese entonces, el dirigente señala que “no existía Internet”, en mención a uno de los cambios sustanciales, tampoco la tecnología con la que se dispone en la actualidad. “Durante estas tres décadas hubo varias actualizaciones por parte de la Secretaría de Energía pero en asuntos muy específicos”, aclara.
En este contexto, Navas considera que “la Secretaría de Energía como autoridad regulatoria debe tomar la delantera en la adecuación del marco normativo. El sector privado, si es convocado, aportará su experiencia de estos últimos años. Las empresas auditoras, por ejemplo, homologadas por la propia Secretaría han adquirido una capacidad técnica que debe ser aprovechada”.
¿Genera esta falencia jurídica impedimentos para ofrecer combustibles? El especialista minimizó el impacto sobre la rentabilidad: “la comercialización tiene más que ver con la pérdida de mercados que con el marco normativo regulatorio”. Hace mención a las especificaciones técnicas, no así a cuestiones relacionadas a precios o contratos con petroleras.
“La actualización en materia de normas seguramente hará más eficiente y más seguro el despacho, pero no necesariamente mejorará las condiciones de venta de las estaciones”, sostiene.
Con relación al caso específico de los batanes, Navas reconoce que “la Secretaría estableció las condiciones técnicas para su operación, llenando un vacío legal que había permanecido durante años dejando al libre albedrío”. Esto facilitó entregas a productores agropecuarios y empresas de transporte.
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