El Abogado Jorge Alarcón, coincidió con la mayoría de los especialistas en Seguridad Pública que cuestionan las normas formuladas por los políticos y que ponen en riesgo a los particulares como ser aquellas que obligan al estacionero o al playero a controlar a los motociclistas para cargarle combustible.

Alarcón al respecto, explicó que las responsabilidades sobre la prevención del delito les caben a las autoridades policiales y judiciales, que no pueden dejar a los ciudadanos a merced de individuos que saben que el sistema no castiga como se debe.

“La solución pasa por agravar las penas para los motochorros y que las mismas sean de cumplimiento efectivo en caso de reincidencia, dado que hasta el presente, los jueces actúan de acuerdo a si el acusado tiene o no la sentencia firme sobre casos anteriores del mismo tipo”, detalló.

Agregó el letrado que “muchas veces, el que tiene que emitir un fallo sobre un expediente relacionado con un delito a bordo de una moto, no conoce los antecedentes del ladrón y lo libera como ocurrió recientemente” y aclaró que “la política debe tomar el toro por las astas y resolver los problemas, en lugar de transferirle a los vecinos el problema”.

Afirmó que “aunque se aumente la vigilancia en zonas críticas cercanas a los establecimientos de venta de combustible, si el policía mira para otro lado para evitar tener problemas por actuar al no sentirse amparado por las leyes, no sirve tampoco”.

En ese sentido aconsejó realizar operativos de cerrojo para prohibir la entrada de motos con más de dos pasajeros en lugares de peligro como zonas bancarias o cercanas a las autopistas, como una acción complementaria a las leyes.

Finalmente, defendió la acción de la policía como sucede en otros países del mundo como en Inglaterra, donde según sus dichos “los patrulleros tienen la autorización de embestir a los delincuentes motorizados para detenerlos en caso de agresión a la ciudadanía”.