Entrevista a Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio (AES).

¿Están las autoridades intimando a las estaciones a que contraten los seguros de caución?

En el caso de la Ciudad Autónoma, tanto el Gobierno de la Ciudad como la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo han intimado y lo siguen haciendo para que las estaciones Contraten el SAO (Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva). 

Las dos alternativas son: 

a) Seguro Obligatorio de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y;

b) Seguro Obligatorio de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. Sin embargo, se encuentran suspendidos en virtud de una resolución judicial de fecha 26 de diciembre de 2012. Por lo tanto, el único seguro posible de contratar es el de caución y anterior a la Resolución de la Superintendencia. 

¿En qué provincias son más estrictos los controles?

Las exigencias iniciales se dieron en el marco de la Cuenca Matanza Riachuelo pero después se extendieron a la Ciudad Autónoma y a toda la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que la obligatoriedad de contratar el SAO tiene vigencia en todo el país y cualquier municipio, de los 2.112 que existen en Argentina, puede requerirlo.

¿Conoce casos de clausuras por incumplimiento? 

Hasta ahora no se han dado clausuras por incumplir la contratación del seguro, toda vez que las intimaciones a contratarlo son bajo apercibimiento de esta sanción. Por lo tanto, cuando esa intimación llega, el operador de manera urgente contrata la póliza. No tiene otra posibilidad. 

En este contexto ¿Qué recomienda a las estaciones de servicio?

La estación de servicio tarde o temprano deberá contratar el seguro o integrar un fondo de restauración ambiental. Lo dice la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y varias resoluciones reglamentarias. Mientras tanto, se deberían abrir negociaciones con las compañías petroleras para que se hagan cargo de la situación. Resulta obvio decirlo, pero la fuerza de negociación de las compañías petroleras supera ampliamente a las de cada operador.

¿Es viable la conformación de un fondo para resarcir los pasivos ambientales a partir de una recarga en el precio del combustible?

Por supuesto que sí. Pero ya daría intervención al Congreso Nacional que debería sancionar una ley. Las compañías petroleras deben tomar la posta y organizar un fondo de restauración ambiental que sin duda alguna será más conveniente que contratar un seguro.