El viernes pasado dirigentes de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) se reunieron con la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental, Dra. Beatriz Domingorena y el Director Nacional de Control Ambiental, Juan Pablo Vizmara, para seguir evaluando soluciones a los pasivos ambientales.

Carlos Gold, Secretario de CECHA, reveló los puntos más importantes del encuentro: “quedamos en presentar un documento donde vamos a comentar los antecedentes que originaron esta acción y una especie de trabajo numérico en relación a la idea que tenemos acerca de la manera de nutrir el fondo económico”.

Una vez que los funcionarios tengan en sus manos la propuesta de los operadores, será el turno de convocar a petroleras y otros actores del negocio para seguir evaluando la medida. A priori, Gold destacó que “los funcionarios se mostraron muy predispuestos en el tema; consideran que es una opción superadora de las alternativas existentes”.

En caso de que el Ministerio de Ambiente otorgue el visto bueno a la iniciativa quedaría el paso de la aprobación legal, aún no determinada. No se descarta elevar un proyecto de ley, tampoco que el Poder Ejecutivo resuelva el fondo ambiental a través de un Decreto. Este punto excluye a las bocas de expendio, quedando la decisión en manos de las autoridades.

La mesa de trabajo continuará activa en las próximas semanas. La comisión directiva de CECHA se pondrá ahora a definir los últimos detalles, sobre todo en lo que respecta a la metodología de recaudación del dinero y la administración del mismo. Aún debe establecerse una autoridad de aplicación que controle y lleve adelante el proceso.

Hasta el momento sólo las bocas que pertenecen a las petroleras contrataron los seguros de caución. El resto de las estaciones, manejadas por empresarios independientes, se resiste a incorporarlos por considerar que no resuelvan la problemática de fondo, además de que genera un nuevo costo operativo difícil de afrontar.

El Poder Ejecutivo Nacional dictó en septiembre de 2012 el Decreto 1638/12 con el objetivo de regular la obligación de contratar el seguro ambiental obligatorio (SAO), previsto en el artículo 22 de la Ley 25.675, Ley General del Ambiente, hoy fuera de aplicación por estar interpuesto un recurso de amparo. En consonancia con lo que dispone la legislación, en varios municipios del país las secretarías encargadas están intimando a las estaciones a que contraten estas garantías.