Expendedores se reunirán con las nuevas autoridades de YPF

El compromiso que manifestaron  los funcionarios del Ministerio de Planificación de manera personal durante encuentros anteriores generó ciertas expectativas para los dirigentes de las cámaras empresarias. Si bien todavía no se revirtió ninguna de las medidas que los estacioneros analizan como injustas, la intención de fondo es alcanzar un dialogo fluido con el estado para de a poco ir consiguiendo algunas de las reivindicaciones que tienen como objetivo mejorar la rentabilidad. En primer lugar se buscará consensuar un nuevo contrato de suministro.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) pedirán una audiencia al Secretario de Coordinación y Gestión, Roberto Baratta con la intención de lograr la modificación de varios aspectos sustanciales para los operadores de bandera de YPF, como el pago anticipado del combustible y el impuesto al cheque, entre otros. Se llevaría adelante esta semana pero aún no fue programada.

Oscar Díaz, Presidente de CECHA asegura que “hay expendedores que los fines de semana largo no pueden abastecerse porque no disponen del efectivo para pagar por anticipado los productos”. La excusa de YPF era que las garantías no alcanzaban para respaldar el monto de las operaciones de compra-venta, pese a que están nominadas en dólares y por cifras considerables.

Con este argumento la compañía dispone de 400 millones de pesos para hacer negocios financieros. “Es una medida unilateral que le brinda liquidez a la empresa”, sostuvo Díaz. Las bocas de Opessa, la empresa subsidiaria de YPF no tienen la obligación de depositar el dinero antes de recibir combustibles.

Desde hace un año Repsol también decidió desligar en los empresarios Pymes la responsabilidad de abonar el 1,2 por ciento de los débitos y créditos bancarios. Para la nueva etapa que se abre Díaz pide que “se revierta esta política”. El dirigente entiende que no es un reclamo extraordinario que exige el sector sino más bien el restablecimiento de un  derecho que fue avasallado por la vieja gestión de la petrolera. Según calculó en promedio cada estación de servicio paga 20.000 pesos mensuales.

“Somos optimistas porque son temas que fueron reconocidos como abusivos por los funcionarios”, expresó