Expendedores preparan un recurso de amparo contra los aumentos de las tarifas de agua

La empresa de Agua y Saneamiento decretó una actualización de precios del servicio de acuerdo a cada tipo de usuario y lo comunicó “entre gallos y medianoche”, a través del Boletín Oficial.

Este aumento significa para los expendedores de combustibles un aumento del 113 por ciento, ya que según la Resolución 331/23, para las Estaciones de Servicio comprendidas en las zonas de valor medio de la Capital Federal y los 26 partidos del Gran Buenos Aires que integran el área de concesión de AySA, la actualización en juego para los meses de agosto y septiembre llegará al 80 por ciento, a la cual se agregará otro adicional del 33 por ciento para el bimestre octubre-noviembre.

A causa de esto, directivos de la Federación de Entidades de Combustibles transmitieron a este medio que iniciarán acciones institucionales y legales para advertir públicamente que este tipo de ajustes en primer lugar deberían haberse debatido en una audiencia pública, hecho que no fue tenido en cuenta por las autoridades de la empresa.

En este sentido, exigieron que se retrotraiga la medida de AySA y reclamaron que se sigan los canales previstos en las leyes para consensuar con los usuarios el sendero de precios de las tarifas del agua.

“Una vez más los estacioneros sentimos que quedamos por fuera de las definiciones de políticas económicas, las cuales finalmente debemos asumir sobre nuestras espaldas sin consulta previa alguna, como sucede con los márgenes de rentabilidad y los acuerdos de costos y beneficios de la cadena de hidrocarburos”, lamentaron sus directivos.

Por su parte y fundamentando la gestión que tienen planeada realizar, el abogado de la institución Fabián Tobalo explicó que “contrariamente a lo que la ley marca y no se cumple, el combustible es de libre precio. Por ende, su valor debería fijarse por libre interacción de oferta y demanda, sin interferencia gubernamental, porque caso contrario seguiremos padeciendo los efectos distorsivos de una imposición unilateral por parte del gobierno y las petroleras”.