Expendedores reclaman la recategorización de sus comercios para ser incluidos en beneficios fiscales

El Gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina, Guillermo Lego, recordó que entre las gestiones más importantes que la dirigencia del sector está llevando adelante, se encuentra la de lograr que el Estado acepte que la facturación total de las expendedoras de combustibles está gravada por impuestos de hasta en un 45 por ciento.

Sucede que el Decreto 1101/16, posibilita descontar de Ganancias y anticipos el importe del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras operatorias efectivamente ingresado, hasta un 100 por ciento para micro y pequeñas empresas y 50 para las pymes medianas tramo 1 hasta la finalización del ejercicio anual en curso.

Pero el problema, según los estacioneros, pasa por el hecho de que la ley de fomento a las pymes tiene limitaciones en cuanto a los beneficios, dado que rige con un tope para comercios que facturan hasta 55 millones de pesos anuales.

De esta forma, desde la entidad empresarial, aducen que la facturación no refleja en realidad lo que realmente se vende, sino que a diferencia de otras actividades comerciales, la carga impositiva es muy significativa.

“Las Estaciones de servicio y en especial, aquellas que venden de manera comisionada, tenían un problema particular por el cual, la facturación daba a entender que incluía la parte impositiva y por ende, excedían el límite para la categoría que admite la Administración Federal de Ingresos Públicos para no cobrar el 100 por ciento  del cargo para débitos y créditos”, explicó Lego.

En ese sentido, aseveró que el beneficio del IVA se puede admitir porque se cuenta de forma trimestral, lo que no sucede con el otro gravámen de ahí que la presentación busca excluir el monto impositivo del límite necesario.

Agregó que la AFIP debe analizar la facturación neta al momento de evaluar la clase de empresa que es una Estación de Servicio, porque si se intercambian las bases de datos, quedaría demostrado que casi el total de expendedores independientes no deberían pagar el impuesto al cheque.