Expendedores insisten en revisar el impuesto al cheque

El mes pasado, el secretario de Coordinación y Gestión dependiente del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta se comprometió a revisar el 1,2 por ciento que hoy pagan las bocas de expendio en concepto de impuesto a los débitos y créditos bancarios. El tema sería tratado una vez que se resuelvan otros inconvenientes que por el momento tienen prioridad para el oficialismo: la distribución del gasoil importado a través de Enarsa.

Según informaron desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) se pidió una audiencia a YPF para llegar a un acuerdo sobre quién debe hacerse cargo del gravamen. Desde hace dos años la petrolera dejó de abonar el tributo y obligó a los operadores a responder frente al fisco. Para los empresarios no es un problema menor porque representa el 17 por ciento de la rentabilidad, que se refleja en un aporte – como mínimo – de $20.000 mensuales.

Guillermo Lego, Gerente de la entidad asegura que “vamos a insistir en resolver la situación”. Si bien entiende que el momento político que atraviesa el sector está enfocado en otra agenda, por las intervenciones que está aplicando el Gobierno contra las compañías, explica que “las estaciones de servicio Pymes – aquellas que enfrentan un estado financiero complicado – no están en condiciones de esperar mucho tiempo”.

La capacidad de protesta de las cámaras empresarias es más limitada que la del personal o el sindicalismo. Por lo general prefieren esquivar a las medidas de fuerza en la calle para que no haya represalias contra los estacioneros. Por este motivo, en uno de los artículos de la Ley de Comercialización que elaboró CECHA, que probablemente tenga tratamiento legislativo este año, figura una cláusula que propone darle inmunidad a los dirigentes durante dos períodos, de la misma manera que los sindicalistas que dejan el trabajo para dedicarse a la vida gremial. “Vamos a seguir apostando al dialogo”, señaló Lego.

El directivo sostiene que la intención es insistir para lograr que la compañía acceda a reconocer su responsabilidad en el pago del tributo, ya que las bocas de YPF funcionan bajo el sistema de consignación. Esta metodología comercial implica que los operadores venden un producto ajeno, por lo que no correspondería enfrentar la carga fiscal