El tanque lleno de impuestos
Además de vender combustibles, que ya implica respetar normas de seguridad y exigencias legales adicionales respecto de otras actividades de la economía, los gobiernos provinciales buscan que se conviertan en recaudadores de impuestos. En última instancia plantean que un porcentaje del importe en surtidor tenga como destino compensar sus esfuerzos.
En todas las provincias los entes recaudadores están avanzando sobre el sector de las bocas de expendio de naftas y gasoil a los fines de engrosar los recursos de caja disponibles. En silencio, lo hacen por el costado más fácil: obligando a los expendedores que operen como agentes de percepción y retención de ingresos brutos, desligando la gestión y los riesgos financieros.
El camino menos simpático a los ojos de la gente, en cambio, que es incrementar los impuestos, cuesta un poco más que prospere, por resistencia de los actores involucrados. Las tasas viales en municipalidades de Buenos Aires son objeto de críticas por parte de vastos sectores políticos y empresarios. Tal es así que se espera una resolución en la Corte Suprema de la Provincia acerca de su validez legal.
En Corrientes, días atrás el Concejo Deliberante de la Capital aprobó por unanimidad la incorporación de un tributo que establece un canon de 30 centavos por litro. El intendente, Fabián Ríos, propuso en el proyecto que las estaciones de servicio sean agentes de retención. Los tickets obtenidos por cada litro podrán ser canjeados para el abono del impuesto automotor.
Igual iniciativa se está tratando de que no se transforme en ley en Santa Fe por parte de la Cámara de Expendedores local, según indica el directivo Alberto Boz. Imitando a José Manuel de la Sota, en Córdoba, Antonio Bonfatti, también fue a la carga para conseguir fondos a partir de un gravamen sobre los combustibles.
Sobre esta avanzada de las autoridades, Bernardo Turcumán, presidente de la Cámara de Expendedores de San Juan (CECA) plantea: “en el afán de recaudar nos están complicando. En realidad son deberes del Estado que tenemos que cumplir nosotros, con todo lo que implica en los costos operativos y financieros, siendo que tenemos márgenes reducidos”.
“En San Juan el organismo recaudador no sólo nos quería pasar la percepción de Ingresos Brutos, sino también que detectáramos a los contribuyentes de riesgo a través de un padrón que refleje las deudas de las personas. Es el régimen agravado: el que por ejemplo, no paga patente debe abonar el doble. Pretendían que desarrolláramos un software pero dijimos que no estamos para eso, salvo que se nos considere el gasto. Les planteamos que haya un porcentaje del litro de combustible que contemple los costos”, sostuvo el dirigente.
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