Expendedores de Santiago del Estero impulsan en la legislatura un nuevo marco jurídico para el sector

Desde que el Gobierno Nacional admitió que el país atraviesa una fuerte crisis energética. los expendedores de combustibles se entusiasmaron con un mejor porvenir, teniendo en cuenta que hay voluntad política para asumir los cambios que requiere la actividad. A diferencia de los últimos ocho años, cuando desde la Casa Rosada evitaban escuchar a los dirigentes, ahora hay encuentros y reuniones programadas casi todas las semanas.

El Vicepresidente de la entidad, Manuel Uberti, informó que “estamos terminando de definir el proyecto para presentarlo en la legislatura la semana próxima”. Sería similar al que elaboró  la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), que obliga a las compañías petroleras a reducir gradualmente su participación en la venta de  combustibles en un 25 por ciento por año, para que en un plazo de cuatro no tengan presencia en el mercado.

La intención, al igual que otros proyectos que circulan en el Congreso Nacional, es evitar la integración vertical de la actividad para garantizar una libre competencia entre las bocas de expendio. “Preferimos una ley nacional”; admite Uberti, aunque por el momento se está gestionando un marco jurídico exclusivo para Santiago del Estero.

Según el dirigente “las fuerzas políticas van a acompañar la iniciativa”. Hasta el momento ningún partido se mostró reticente a tratar el proyecto y desde el oficialismo ya adelantaron que tienen interés en respaldar a las estaciones de servicio. “A priori están de acuerdo”, asegura. Aunque hasta que no se trate en el recinto prefiere no generar demasiadas expectativas.

Al igual que la propuesta de CECHA, el texto que presentará la Cámara no obliga a las compañías a desprenderse del edificio o patrimonio sino que les impide la explotación comercial. De esta manera pondrán quedarse con el inmueble pero no despachar naftas. La iniciativa de los expendedores también señala que los operadores de bandera deberían tener una opción de prórroga de dos años para continuar con los contratos de suministro. En este sentido aclara que la opción no necesita estar explícitamente expresada en el papel firmado con la petrolera.