Expendedores confían en la voluntad de los diputados para conseguir leyes de protección al sector

“Efectivamente vimos en los integrantes de la Comisión de Energía un verdadero interés  por la problemática que acosa a la rentabilidad de las Estaciones de Servicio, sin importar el color político de cada integrante de la entidad parlamentaria”, expresó a surtidores.com.ar, Juan Carlos Basílico, quien desde la Federación de Entidades de Combustibles viene realizando gestiones junto a sus asesores para que la crisis del sector sea tema de agenda en las autoridades.

En ese sentido, el dirigente apoyó la lucha de la plana mayor del SOESGYPE, dirigido por Carlos Acuña, quien logró que las puertas del Congreso se vuelvan a abrir para lo que considera “el eslabón más débil de la cadena del mercado hidrocarburífero”.

Aseguró el empresario pyme que “los representantes del pueblo entendieron los detalles del proyecto de ley de comercialización de combustibles, impulsado desde hace tantos años por los colegas de CECHA y nuestro apoyo incondicional y tengo la confianza de que a la brevedad, emitirán un dictamen favorable para que sea debatido en el recinto”.

Por otro lado, aseveró que “el informe elevado por los representantes de los trabajadores y las cámaras empresarias acerca de la venta directa y el descontrolado mercado mayorista de naftas y gasoil, provocó en los diputados cierta sorpresa y preocupación” y por ello, agregó que “nos pusimos a disposición de los asesores que estaban en la reunión para orientarlos en las dudas que tengan al respecto”.

Además, Basílico comunicó que aprovechó la ocasión para hablar en privado con algunos legisladores con el objetivo de recordarles y analizar la marcha de un tema que fue eje central del debate en otra comisión como la de seguimiento de normas tributarias, al referirse a ley 27.209, que extendió el ámbito geográfico de la zona exenta del impuesto sobre los combustibles (ITC) a las Provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Partido de Carmen de Patagones, en la  Provincia de Buenos Aires,  y al Departamento Malargüe, en la Provincia de Mendoza, que ha generado una distorsión en el mercado por el impacto que este tributo tiene en el precio de venta al público, y que genera diferencias de entre 2 a 6 pesos por litro, dependiendo del producto y de la marca, entre los comercializados en la zona exenta y aquellos vendidos en el área gravada.

Finalmente, Basílico alertó que “la sanción de leyes de protección a nuestro sector significará la defensa de 50 mil puestos de trabajo y la dignidad de miles de familias que trasladan de generación en generación el oficio de ser estacionero, como ejemplo de lucha y tesón”.