Exigen información detallada de la exploración hidrocarburífera

Mediante un Proyecto de Resolución que lleva en Nº de Expediente 5608-D-2010, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, Fernando Solanas, solicitó  al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos pertinentes, informe acerca de las concesiones de explotación y los permisos de exploración habilitados por propietario al día 31 de diciembre de 2009, consignando el año de otorgamiento de cada permiso y concesión, y el estado de cada yacimiento a dicha fecha.

Según Solanas en el año 1989, las medidas de corte neoliberales del consenso de Washington entraron en el mercado hidrocarburífero argentino mediante el dictado de los tres decretos desreguladores N° 1.055, N° 1.212 y N° 1.589 que cambiaron fuertemente la estructura del sector. Estos decretos convirtieron los contratos de exploración y explotación en concesiones con libre disponibilidad, por lo que las empresas que antes dependían de Y.P.F. pasaron a controlar libremente el petróleo extraído, sin abonar un centavo a la empresa estatal (a pesar de ser ésta es quien había descubierto los yacimientos).

En cuanto a las restricciones mencionadas en la ley de hidrocarburos, el Decreto N° 1.212/89 indica que “a fin de promover la participación del mayor número de empresas en concursos futuros” el Poder Ejecutivo procedería a elevar una ley propiciando la eliminación de estas limitaciones. No obstante, dicha ley nunca fue presentada, por lo tanto los artículos 25° y 34° de la 17.319 se encuentran en plena vigencia. La única empresa habilitada para poseer más de cinco permisos de exploración y concesiones de explotación es YPF S.A. gracias a los artículos 3° y 4° respectivamente de la Ley 24.145/92.

Es decir, el decreto permite la titularidad de múltiples áreas en manos de una sola empresa siempre y cuando la participación en los consorcios o U.T.E’s que posean las concesiones o permisos tengan diferente composición accionaria, en oposición a la Ley 17.319, ya que la restricción era explícitamente tanto en forma directa como indirecta, para la habilitación de U.T.E.’s.

Más allá de la violación a la pirámide jurídica básica que incurre el decreto 1212/89, porque todo decreto debe estar subordinado a la propia letra de la ley que dice reglamentar, un texto legal puede ser modificado por el decreto en cuanto a sus modalidades de expresión, siempre que no afecte su sustancia.

Son varias las empresas petroleras que están en infracción de los artículo 25 y 34 de la ley 17.319 poseyendo la titularidad en forma directa de más de cinco concesiones, según información oficial, en el último número disponible del Boletín Anual de Reservas de Hidrocarburos 2004 de la Secretaría de Energía de la Nación las empresas Vintage Oil Argentina Inc., Pioneer Natural Resources S.A., Petrobras Energía S.A. y Pluspetrol S.A. cuentan con más de cinco concesiones como únicos propietarios.

Actualmente, las empresas Apache Energía Argentina S.R.L., Occidental Argentina Exploration and Production Inc., que compraron a Vintage Oil y Pioneer Natural Resources respectivamente, se encontrarían en la misma situación.

“Sin embargo se desconocen las medidas tomadas desde el Poder Ejecutivo Nacional para evitar esta concentración en el mercado petrolero”, cuestionó Solanas reclamando el apoyo de sus pares para darle curso a la iniciativa presentada en el Congreso de la Nación.