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La diputada nacional Micaela Morán presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre el destino específico de los fondos recaudados por el gravamen establecido por la Ley 23.966.
El inicio del año 2025 trajo consigo un aumento en el impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural, implementado por el Decreto 1134/2024, que elevó los precios en surtidores desde el 3 de enero. La nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $1.108 a $1.127 por litro, mientras que el gasoil subió de $1.123 a $1.142. La nafta premium y el gasoil premium también registraron incrementos significativos, situándose en $1.394 y $1.142 por litro respectivamente. Estas cifras varían según la región: en el noreste, por ejemplo, llenar un tanque de 50 litros de nafta súper puede costar $60.200.
Este panorama se enmarca en un contexto de constantes aumentos: desde noviembre de 2023, la nafta súper subió un 262 por ciento, la premium un 252 por ciento y el gasoil un 248 por ciento. Paralelamente, las estadísticas de noviembre de 2024 muestran una caída interanual del 10,5 por ciento en la venta de combustibles, reflejando el impacto del peso tributario en los consumidores.
Al respecto, la diputada nacional Micaela Morán presentó un proyecto de resolución (ver al pie) solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre el destino específico de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural establecido por la Ley 23.966. Entre los puntos requeridos, destaca la necesidad de conocer:
El Poder Ejecutivo informó que en 2024 se recaudaron $447.099 millones por el impuesto a los combustibles, marcando un aumento interanual del 627 por ciento. Este crecimiento contrasta significativamente con el incremento general de la recaudación del mismo período, que fue del 205,6 por ciento. Este dato subraya el rol protagónico del impuesto a los combustibles en la estrategia fiscal del gobierno, lo que lo convierte en un factor clave de debate político y social.
Morán destacó la regresividad de este tributo, que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos. También cuestionó que solo el 10,4 por ciento de lo recaudado se destine a las provincias, mientras que el 79,2 por ciento se asigna a fines específicos, como FONAVI, obligaciones previsionales y proyectos de infraestructura. Este esquema, según la legisladora, refleja una estructura tributaria ineficiente y regresiva que urge revisar.
La parlamentaria instó a un análisis profundo sobre la distribución y uso de los fondos recaudados, considerando también las tasas municipales aplicadas sobre los combustibles. Muchos municipios, sostuvo, asumen responsabilidades que exceden sus recursos, como garantizar servicios básicos, seguridad, salud y educación.
Este planteo se suma a las críticas de diversos sectores sobre la carga fiscal en combustibles, señalando su impacto en la economía y el poder adquisitivo de los argentinos. Para Morán, la transparencia en la utilización de estos fondos es clave para recuperar la confianza ciudadana y garantizar una administración justa y eficiente de los recursos.
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