Siete años atrás la escasez de combustibles golpeaba duramente a las estaciones de servicio de todo el país Si bien el problema era generalizado, fue un buen motivo para revivir la batalla que desde hace una década mantienen el Gobierno y Shell. En esa nueva escalada, el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, acusó a la empresa de desabastecer el mercado de gasoil en varias oportunidades infringiendo lo previsto en el artículo 1 y en la cláusula 1 del anexo de la resolución n° 25/06.

Por esa circunstancia el Gobierno le impuso una multa de un millón de pesos. El inicio de esas actuaciones administrativas derivó de un procedimiento de funcionarios de la dependencia que efectuaron inspecciones y consideraron que la firma no se encontraba proveyendo, en la estación de servicio ubicada en la calle 21 n° 2112 y la calle Dardo Rocha de Berazategui, de manera habitual y continúa, el volumen correspondiente de gasoil y “Pura Diésel” necesario para evitar un desabastecimiento.

La compañía sancionada apeló ante la Justicia Nacional en lo Penal y Económico la decisión que impuso la multa referida, junto con todos los otras originadas en controles similares. A los efectos del art. 17 de la ley 20680 propuso una garantía real consistente en hipoteca sobre una serie de inmuebles que Shell posee en la ciudad de Buenos Aires en el sector Barracas.

Sin embargo este ofrecimiento no satisfizo a la Dirección Nacional de Comercio Interior, la cual aceptó sólo como garantía la hipoteca la refinería que Shell posee en Dock Sud, tasada en 26 millones. Ello dio lugar a que los representantes legales de la empresa establecieran una queja argumentando que el Estado poseía una valuación monetaria suficiente como para garantizar el pago de la multa.

La causa llegó finalmente a la Cámara Federal de la Plata Sala II que debió definir tal circunstancia. Sin embargo por ahora los magistrados (aunque en disidencia) solo hicieron lugar al reparo, incorporándolo a los autos principales aunque declararon procedente la apelación denegada por el juez. De este modo, el proceso sigue su curso a la espera de una resolución que no llega.