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Martes, 21 de octubre 2025
Infraestructura colapsada
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A la caída de ventas por caminos intransitables se suman tasas viales cuestionadas por su falta de transparencia. En Carlos Casares, la situación derivó en una denuncia penal contra autoridades locales y provinciales.
El sector de las Estaciones de Servicio atraviesa una coyuntura crítica en el interior bonaerense, donde las lluvias persistentes y las inundaciones en las zonas rurales están provocando una fuerte retracción del consumo de combustibles. A este panorama se agrega una creciente preocupación por el peso de los tributos municipales —en particular, las llamadas tasas viales— que, lejos de traducirse en mejoras visibles en la infraestructura, se convierten en una carga adicional para los operadores del rubro.
En distritos como Carlos Casares, la combinación de caminos intransitables, caída en la actividad agropecuaria y presión impositiva derivó en un escenario límite para productores y también para los estacioneros locales, que se ven directamente afectados por la parálisis económica que generan las inundaciones.
Aunque con perfil bajo, varios empresarios del sector de combustibles de la región acompañaron las gestiones que los productores rurales llevaron a la Legislatura Bonaerense y respaldaron la denuncia penal presentada contra funcionarios locales y provinciales. Si bien prefirieron no dar sus nombres en la presentación judicial, los estacioneros coincidieron en su preocupación por la falta de transparencia en el uso de la tasa vial y la necesidad urgente de reactivar obras hidráulicas.
En diálogo con Surtidores, productores como Carolina Donegani, referente de la Comunidad Rural de Carlos Casares, manifestaron su solidaridad con los estacioneros y su coincidencia en el reclamo. “Las Estaciones de Servicio son parte de la cadena productiva. Si los caminos están intransitables y no se puede circular, ellos también sufren las consecuencias. No se trata solo del campo, es toda la economía local la que queda aislada”, sostuvo.
Por su parte, la abogada Alejandra Córdoba, representante legal de los productores de la región centro bonaerense, subrayó que la denuncia apunta a la falta de acción de los Gobiernos local y provincial. “El barro es la frontera que separa al campo y al comercio del acceso a sus derechos. Los caminos deberían ser puntos de conexión, pero hoy son ríos imposibles de transitar”, explicó.
En el mismo sentido, el tambero Diego Martín y su esposa remarcaron que “hay familias que no pueden mandar a sus hijos a la escuela ni trabajar, y eso repercute también en los servicios, en las estaciones y en todo lo que depende del movimiento diario”.
La denuncia presentada por los productores recayó en la Fiscalía N°2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, y acusa al intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, a la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, y a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense, en su carácter de responsables del Comité de Cuenca A3 del Río Salado.
“El intendente de Carlos Casares dijo hace dos meses que esperaría a que baje el agua para ver qué hacer. Eso es una falta de respeto total”, recordó Donegani, quien también señaló que el Plan Maestro del Río Salado, iniciado hace tres décadas, aún está inconcluso.
Los expendedores locales coincidieron en que “las tasas se cobran, pero los caminos están destruidos”, y reclamaron a los municipios que informen de manera clara el destino de los fondos recaudados. También insistieron en la necesidad de incluir al comercio y a las estaciones en las mesas de trabajo que el sector rural propuso conformar con las autoridades.
“Cuando se inunda un distrito, no solo se paraliza el campo: también se vacían los surtidores. Las estaciones son el termómetro de la actividad económica local”, resumieron los denunciantes.
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