En todo el país las autoridades comenzaron a exigir a las estaciones de servicio que contraten un seguro ambiental obligatorio (SAO) a los efectos de garantizar el cumplimiento de la reparación de los daños producidos al medio ambiente como consecuencia de la venta de naftas y gasoil. Los seguros de caución son los que más se adaptan a estas exigencias pero acarrean importantes costos para los operadores.

Por eso, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) acudieron al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quién intercedió ante el Ministerio de Medio Ambiente para concretar una audiencia con funcionarios de alto rango. La idea es formar una mesa de trabajo que se sostenga en el tiempo; el primer encuentro será mañana jueves con el Secretario de la cartera, Omar Judis.

Según indicaron representantes de la entidad la idea es profundizar sobre la temática en conjunto con Judis. De acuerdo a lo analizado anteriormente por los expertos legales de CECHA, no se descarta plasmar dos propuestas: por un lado analizar la posibilidad de sancionar una legislación específica para la actividad minorista de la venta de combustibles, considerando que actualmente la normativa otorga las mismas obligaciones a las destilerías que a las estaciones de servicio.

Por otra parte, se consideró en su momento la creación de un fondo económico que tenga como destino financiar el resarcimiento de los pasivos. Por lo visto, hay locales de trayectoria en la actividad que presentan un importante grado de contaminación que no están en condiciones de absorber el costo de las reparaciones.

Por ley, es obligación de los expendedores realizar estudios de muestreo de suelo y agua para determinar la presencia de hidrocarburos. Técnicamente, esta instancia, conocida como Situación Ambiental Inicial de un sitio (SAI) se define como “el diagnóstico realizado en forma previa a la contratación de la cobertura a fin de establecer la existencia de sustancias y concentraciones de las mismas, en condiciones que impliquen una contaminación del suelo, subsuelo, aguas superficiales o aguas subterráneas, determinando, en su caso, la naturaleza, el grado, la extensión y la distribución de los contaminantes”. Se trata de un primer paso que permite conocer el estado de los terrenos.