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La Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa (CECLA) convocó a sus asociados de manera urgente ante la seria preocupación por la creciente ola de agresiones sufridas en los establecimientos de la ciudad de Santa Rosa. Denunciaron falta de respuesta de las autoridades.
La Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa (CECLA) convocó a sus asociados de manera urgente ante la seria preocupación por la creciente ola de agresiones sufridas en los establecimientos de la ciudad de Santa Rosa. Denunciaron falta de respuesta de las autoridades.
Los dirigentes de CECLA La Pampa, advirtieron en diálogo con surtidores.com.ar que están atravesando un momento inesperado y de suma angustia. Explicaron que en una reunión de emergencia realizada el pasado martes, la comisión directiva de la entidad decidió consensuar acciones a seguir tras una preocupante sucesión de agresiones, golpes y robos, que sus asociados vienen sufriendo, en su mayoría perpetradas por individuos que se identifican como integrantes de la comunidad gitana local.

Los dirigentes pampeanos detallaron que esta problemática, ha venido aumentando con el tiempo. Recalcaron que a pesar de las numerosas denuncias presentadas ante la policía, los reclamos en la justicia, y las solicitudes formales dirigidas a las autoridades provinciales y municipales, no se ha visto ninguna acción concreta para proteger a los expendedores.
“Los hechos se siguen perpetrando sin ningún tipo de reacción de las fuerzas del orden o de los funcionarios judiciales”, expresaron con preocupación desde CECLA.
En ese aspecto, los referentes estacioneros observaron que la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial ha exacerbado la preocupación entre los trabajadores y clientes. “Es una situación muy grave de inseguridad”, comentaron desde la entidad.
Un caso emblemático ocurrió cuando un integrante de esa comunidad agredió a un ciudadano que estaba cargando combustible, llegando incluso a intentar atropellarlo con su vehículo. “Lo más indignante es que le secuestraron el auto a la víctima, mientras que el agresor sigue libre”, plantearon en CECLA.
Agregaron que los actos de violencia no solo afectan a los expendedores, sino también a los usuarios y las personas que viven cerca de las Estaciones de Servicio. “Las amenazas con cuchillos a los empleados y clientes, el vandalismo a vehículos, y los destrozos en los baños han convertido la situación en un verdadero problema social”, destacaron los empresarios.

LA INEFICACIA DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN
Vale destacar que las Estaciones de Servicio han intentado implementar medidas de restricción contra los agresores, pero la efectividad de estas acciones ha sido mínima. “Las denuncias caducan a los 30 días, y eso empeora la situación. Ahora los encargados están amenazados, porque al denunciar deben poner sus datos personales, lo que pone en peligro a sus familias“, explicaron.
A pesar de las reuniones mantenidas con el ministro de Seguridad de la provincia, las soluciones siguen sin aparecer. Desde CECLA, comentaron que la única respuesta recibida hasta ahora es la sugerencia de contratar seguridad privada, lo que implica un costo elevado, comparable al salario de un empleado.
“El peligro no se resuelve con un policía, ya que los detienen y a las 24 horas los liberan, y en muchos casos, son menores de edad”, lamentaron, evidenciando la frustración y el desamparo que sienten.
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