Por Francisco Berdaguer*

Sabíamos que la situación epidemiológica relacionada con el coronavirus – COVID 19 requería soluciones urgentes a fin de preservar la salud y la integridad de las personas. El tejido social y económico de nuestro país avaló con responsabilidad cumpliendo la “cuarentena” prevista en el DNU 297/2020.

También sabíamos de antemano que este tipo de medidas iban a significar un fuerte impacto en la economía, y principalmente en el sector de las Estaciones de Servicio.

No estamos relatando un hecho ocurrido hace años o meses atrás, sino de una situación que lleva menos de 30 días, pero que arrasó virulentamente la viabilidad del sector privado, llevándolo literalmente a la quiebra. Esta triste situación puso en evidencia la fragilidad de las PyMES argentinas, ya que la mayoría de éstas carecen de recursos para pagar salarios si en un plazo no mayor a los 70 días no obtienen ingresos provenientes de sus ventas.

Las Estaciones de Servicio son PyMES y como tal no escapan a esta situación. Incluso están peor porque se trata de un sector que viene arrastrando una situación de crisis terminal desde hace más 6 meses producto de la marcada caída en las ventas y congelamientos de precios de venta en surtidor dispuestos por el Gobierno anterior y mantenida en la gestión actual.

Las Cámaras Empresariales han redoblado sus esfuerzos (y continuarán haciéndolo) a fin de poder acceder al paquete de medidas de emergencia al trabajador y producción dispuestas en el marco del Decreto DNU 332/2020. Pero lo cierto es que hasta ahora la capacidad de respuesta del Gobierno no se condice con las necesidades inmediatas, y en el caso de acceder a este tipo de medidas paliativas, las mismas serán insuficientes, no digo para compensar, sino para mantener como mínimo el punto de equilibrio del negocio.

Aún así, en este escenario tan difícil, es plausible que las Cámaras Empresariales y sus operadores (los Estacioneros) mantengan su intención de conservar las fuentes de trabajo. Pero para ello, se necesita también que las Entidades Sindicales tomen real dimensión del problema y acompañen al sector empresarial en esta difícil cruzada. Porque en este caso de excepción no se negocia quién gana más o menos; se trata de una cuestión mucho más compleja y de fondo: concretamente se define la subsistencia tanto del empleador como del empleado. Por obvias razones nadie quiere (ni es conveniente), que uno u otro quede afuera  del sistema productivo.

Como lo dijo públicamente el Presidente de la Nación en una entrevista reciente. El mundo cambió y estamos atravesando una situación de fuerza mayor que obliga a todos (en especial al sector privado) a renegociar de buena fe y con espíritu colaborativo alternativas para recomponer y atravesar la difícil situación económica de la mejor manera posible, sabiendo que ello implica inexorablemente resignar pretensiones recíprocas.

Y en este contexto, el propio Gobierno ha tomado la iniciativa de fomentar la firma de acuerdos de suspensión laboral a través del procedimiento fijado en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, repasamos algunas cuestiones centrales que fija esta normativa:

• El Empleador se compromete a abonar sumas de dinero que no tienen carácter remunerativo. Como contrapartida de ello, la nómina de personal comprendida en este acuerdo no presta tareas, o lo hace pero en jornada reducida.
• La vigencia de estos acuerdos es de plazo determinado, por lo general, mientras dure la situación de excepción;
• Necesitan ser instrumentados por escrito;
• Debe figurar el consentimiento del trabajador;
• Deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo (actualmente se encuentra activo el link para presentar este tipo de acuerdos a través de los procedimientos de trámite a distancia – TAD)
• En lo posible (no es obligatorio), deben ser avalados o suscriptos por la Entidad Sindical.

A nivel nacional, vemos con esperanza cierto grado de madurez y realismo en ciertas Entidades Sindicales de otros rubros (Ej. Metalúrgicos, Construcción, etc), que han firmado este tipo de acuerdo de suspensión y reducción de salario con la contrapartida de que el Sector Empresarial garantice las fuentes de trabajo y la estabilidad laboral. También estamos viendo (ya en el ámbito de los trabajadores de Estaciones de Servicio) la aparición cada vez más de acuerdos regionales que – con buen criterio- están imitando este tipo de situaciones.

Es de esperar, y ojalá que así sea, que las Entidades Sindicales que representan a los trabajadores de Estaciones de Servicio a nivel nacional se actualicen a esta nueva realidad y acompañen este proceso que, insistimos, redundará en beneficio de todos para subsistir en esta etapa sumamente complicada y excepcional. Más adelante, si sobrevive el sector, seguramente habrá tiempo para renegociar nuevamente pautas salariales que sirvan para recomponer la relación entre la parte sindical y empresarial.

* Francisco Berdaguer

• Abogado (Universidad Católica de Córdoba, 1995). Escribano (Universidad Católica de Córdoba, 1996). Magister en Derecho Empresario (Universidad Austral, 1998).
• Experto en contrataciones comerciales, con gran experiencia en el asesoramiento y estructuración de operaciones vinculadas a la compra de derechos, negociación de señales audiovisuales y soporte web.
• Asesora y litiga en causas vinculadas a las contrataciones comerciales masivas (agencias, concesión y distribución) y participa en la estructuración jurídica de start-up de nuevas empresas vinculadas con los negocios web.
• Es asesor legal de Estaciones de Servicio de todo país.
• Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.