El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), Juan Carlos Basílico, en diálogo con surtidores, expresó que la entidad observa con agrado las modificaciones realizadas a través de la ley 27.430, cuyo efecto será la disminución en la brecha del precio de venta al público de combustibles líquidos entre el área de consumo exento del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y la de consumo gravado.

Recordó que desde principios del año 2016, la Federación intenta hacer oír su voz ante las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y, también, frente a Diputados y Senadores Nacionales, llevando el mensaje desesperado de 300 bocas de expendio de la Provincia de Buenos Aires, situadas en las proximidades del límite con la Provincia de La Pampa -al oeste- y del partido de Carmen de Patagones -al sur-, que sufren un derrumbe en sus ventas medidas en unidades físicas por las enormes diferencias de precios.

El dirigente empresario señaló que “a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.209 hay unos 3.000 puestos de trabajo que quedaron en vías de extinción, sin contar aquellos que se generan en forma indirecta. Además, muchas de las estaciones que están en riesgo de desaparecer son los únicos puestos de abastecimiento de combustibles en el área, por lo que su cierre causará inconvenientes también a quienes viven en su cercanía“.

A modo de resumen, Basílico expresó: “Nos encontramos ante un caso de laboratorio: un subsidio, es decir un beneficio, termina generando un grave perjuicio. La ley 27.209 habla de la improvisación a la hora de elaborar, aprobar  promulgar una norma legal, cuyo trámite parece haber tenido la velocidad de los tiempos electorales“.

Por su parte, Sebastián W. J. Vázquez -asesor tributario de FEC- señaló que este tipo de normas violan el principio de neutralidad tributaria, el cual prescribe que los impuestos deben alterar lo menos posible la demanda y oferta de bienes. A juicio del asesor, “los efectos de la ley 27.209 -tomando los datos oficiales del Ministerio de Energía de la Nación- son claros: sin tener una explosión demográfica, ni económica, ni de patentamiento de vehículos, en la provincia de La Pampa se comercializa un 30 por ciento más de combustibles que su promedio histórico; resulta evidente que hay una clara alteración del mercado minorista de combustibles líquidos como efecto de la extensión del área de consumo exento del ICL”.

Siguiendo con su razonamiento, entiende que los datos oficiales podrían indicar que se realizan operaciones ilegales con los combustibles líquidos, consistentes en comercializar productos con destino exento dentro de la zona de consumo gravado. Si esto fuera así, no sólo existiría una importante afectación de la recaudación, sino que quienes operen de esta manera podrían encuadrar en la figura delictiva de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, legislada por el artículo 8° del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430.

Coincidiendo con Basílico, el tributarista manifiesta que la reforma tributaria, sin solucionar totalmente los perniciosos efectos de la “ley Pichetto“, resulta un auspicioso avance y significará un alivio a los expendedores establecidos en las cercanías de las zonas de consumo exento, quienes podrán ir recomponiendo su nivel habitual de ventas.