Estacioneros rechazan disposición de no cargar nafta a motociclistas sin casco

A pesar de los numerosos casos de violencia ejercida por parte de motociclistas contra los empleados de las Estaciones de Servicio que en la provincia de Buenos Aires supera el centenar de hechos y la negativa conjunta de las cámaras y el sindicato por negarse a cumplir con la norma nacional que delega la responsabilidad de control a los estacioneros sobre el uso de casco para cargarles combustibles, gradualmente los municipios reglamentan la medida y la ponen en práctica.

Vale recordar que esta semana, Pilar lanzó la campaña “Sin casco no hay combustible“, una polémica medida que obliga a los playeros a rechazar el suministro a los motociclistas que lleguen al surtidor sin el casco correspondiente.

“Hace pocos días, esta ley derivó en la hospitalización de un empleado de la zona de Bragado que debió ser internado con triple fractura en uno de sus brazos por lo que estará más de dos meses sin poder trabajar”, recordó a surtidores.com.ar, el Presidente de FEC, Juan Carlos Basílico a la vez que insistió en la necesidad de que las autoridades contemplen el hecho de que “los expendedores no tenemos poder de policía”.

El dirigente además, alertó que de seguir adelante con estas disposiciones, “el peligro sobre la integridad física de nuestros trabajadores se acrecienta enormemente, dado que no les corresponde enfrentar situaciones que puedan exponerlos a reacciones violentas o delictivas, de las cuales no son parte”.

Adelantó que se reunirá con los delegados del SOESGyPE para elevar un reclamo conjunto y mientras tanto, los asesores de la entidad preparan un escrito para entregar en mano tanto al Intendente Nicolás Ducoté como así también a su Secretaria de Transporte, Claudia Guerrero, en el cual le detallan los postulados por los cuales, todos los representantes del sector de venta minorista de combustibles, se oponen a la decisión del gobierno de implicar a los operadores en el control de las motocicletas.

En dicha misiva, la Federación intenta advertirles a las autoridades pilarenses que “por mandato constitucional, ningún servicio personal, implica cualquier acto administrativo que imponga un ejercicio de la función pública ni poder de policía en cabeza de particulares”.

Finalmente, Basílico recalcó que “es intención sin embargo, colaborar en lo que sea necesario para proteger nuestros comercios y a nuestro personal de cualquier caso de violencia o de inseguridad”.