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La Cámara de Expendedores de Formosa, tiene gestiones avanzadas con los principales candidatos a diputados y senadores, centrados en modificar normas impositivas y de alivio de costos laborales.
El presidente de la entidad de expendedores, Ángel Luis Bigatti informó a surtidores.com.ar que tiene en carpeta distintas iniciativas destinadas a que sean convertidos en proyectos de ley para beneficiar al rubro de venta minorista de combustibles.
“Necesitamos parlamentarios que sean conscientes de lo que cuesta a cada emprendedor pyme en y a cada dueño de estación de servicio en particular, el capital de trabajo y que entiendan el sacrificio que lleva el riesgo empresario”, advirtió el dirigente formoseño.
En ese sentido, aseguró que tiene el compromiso de un grupo de candidatos quienes ya pasaron el filtro de las elecciones primarias de su provincia, de tomar los reclamos que desde el sector se están haciendo público tanto a través de este medio, como en las reuniones y asambleas entre cámaras y autoridades nacionales y provinciales.
Entre los puntos principales que dijo tener listos para elevar a los futuros representantes en las cámaras del poder legislativos, recalcó el de “eliminar el concepto romano del derecho contable, que obliga primero al contribuyente a pagar y luego a quejarse en caso de una injusticia al momento del cobro de multas e impuestos injustos”.
Propuso en ese caso que se le brinde al empresario la posibilidad de apelar las medidas del fisco cuando le parezca que se exceden de las obligaciones tributarias ya planteadas en las normas, antes de presentarse a pagar.
En otro orden de temas, plantea también la eliminación de la cuota sindical y de las mutuales que se le imponen a los empleadores de manera unilateral, “ya que dichos aportes son parte de los descuentos que se le hacen al empleado, como se contempla en la ley”, advirtió.
En materia de haberes también se mostró a favor de la propuesta del bloque de Juntos por el Cambio que impulsa reemplazar la indemnización por un seguro de desempleo y comentó que a su entender, “le quitará una deuda futura al empresario que brinda puestos de trabajo”.
Explicó que, con la indemnización, el empleador adquiere una deuda la cual no puede medir, desde el mismo momento que contrata un nuevo trabajador para su empresa y rechazó de plano el decreto de la doble indemnización que rige desde el comienzo de la pandemia.
Retomó su insistencia para que el fisco contemple la “capacidad contributiva” real que tiene cada estacionero o cualquier comercio y para ello, espera que el Congreso pueda debatir y aprobar la creación de un ente o comisión de regulación y control que evalúe dicha capacidad en cada caso y evite abusos por parte de nación, provincias y municipios.
“Queremos que nadie pueda legislar mediante regulaciones locales o provinciales, ni tampoco a través de interpretaciones de reglas que la ley no contempla en la esencia de su letra, porque es allí donde se corrompe el sistema impositivo y productivo”, finalizó.
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