Estacioneros apoyan la desregulación de la contratación de combustibles para el Estado Nacional

A través de una resolución, publicada en el Boletín Oficial, enmarcada en el Decreto N° 70/23 que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2025, el gobierno de Javier Milei avanzó en impulsar la desregulación de la economía mediante la eliminación de barreras y restricciones que dificultan su normal desarrollo.

Vale destacar que uno de los puntos clave de la medida establece que las empresas en las que el Estado Nacional tenga participación accionaria no gozarán de privilegios ni podrán disponer de ventajas en la contratación o compra de bienes y servicios. Esto incluye a YPF, que hasta ahora tenía la exclusividad en la provisión de combustibles y lubricantes para organismos oficiales, tal como lo establecía un DNU del año 2012.

En ese contexto, la FEC, a través de su asesor legal, Fabián Tobalo, destacó a surtidores.com.ar que la medida representa una política largamente esperada por la entidad. “Así lo habíamos planteado en diversas ocasiones, porque la Federación defiende los intereses de todos los expendedores, sin distinción de marcas“, subrayó, al tiempo que agregó que “el Estado, cuando contrata debe buscar la mejor oferta, sin privilegios”.

La FEC también resaltó que en Argentina no existen “entes de naturaleza pública” operando en el sector hidrocarburífero, por lo que todas las empresas que participan en la refinación y comercialización de derivados del petróleo son de derecho privado. Por lo tanto, deben estar sujetas a las mismas normativas de contratación pública que se orientan a la defensa del interés fiscal.

La entidad recordó que esta postura no es nueva. Ya en el pasado, cuando el gobernador bonaerense Axel Kicillof ordenó que los vehículos oficiales de la provincia fueran abastecidos exclusivamente por YPF, la FEC y el sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio se opusieron.

En aquella ocasión, el presidente de la FEC, Juan Carlos Basilico, y el secretario general de SOESGyPE, Carlos Acuña, se reunieron con Kicillof para expresar su preocupación. Argumentaron que la decisión “limitaba al Estado provincial en la adquisición de combustibles y lubricantes, en beneficio exclusivo de una empresa privada, comprometiendo la responsabilidad de los funcionarios al imponer compras bajo condición monopólica“.

La entidad advirtió entonces que la imposición de un monopolio legal en favor de una sola compañía no solo perjudicaba el interés fiscal, sino que también afectaba a las pequeñas y medianas Estaciones de Servicio, muchas de las cuales tienen como principales clientes a dependencias públicas. Además, alertaron sobre el impacto en localidades bonaerenses donde no existen estaciones de YPF cercanas, dificultando el abastecimiento de los vehículos oficiales.

Con esta nueva medida, Basílico consideró que se abre la posibilidad de una competencia más justa y equilibrada en la provisión de combustibles para el Estado, lo que beneficiará tanto al sector como a la economía en general.