El Defensor del Pueblo de la Provincia José Leonardo Gialluca, culpó por segunda vez a los propietarios o encargados de las Estaciones de Servicio que “en los últimos tiempos frente a la pérdida adquisitiva de nuestra moneda, continúan vendiendo combustibles de manera irregular y sin observar las normativas que deben cumplir mínimamente”, por lo que según sus palabras, causó un incendio de un depósito clandestino de combustibles.

Rápidamente, el presidente de la Asociación de Expendedores de Formosa Ángel Luis Bigatti, explicó a surtidores.com.ar que “si el siniestro fue en un depósito clandestino, el culpable de que esto exista es el Estado provincial porque no controló como debiera que dicho establecimiento se encuentre operando en la ilegalidad”.

Sostuvo que la acusación “carece de sentido común” y dejó en claro que “los empresarios de combustibles tenemos autoridad y responsabilidad limitada al predio de cada una de nuestras Estaciones de Servicio”.

Por lo cual dijo que “operamos en base a las normas establecidas por la Secretaría de Energía de la Nación y las compañías petroleras, quienes buscan garantizar la seguridad e higiene de esta actividad comercial”.

Bigatti detalló que, según la ley, la nafta puede expenderse en bidones reforzados de plástico o metal de hasta 60 litros, con su tapa reglamentaria, mientras que el diesel, pude venderse en tambores de 200 litros y batanes de hasta 2000 litros.

CONFLICTO JUDICIAL

Esta explosión reavivó el conflicto judicial que data de unos meses atrás y se encuentra en el Juzgado de Silvia Noemí Paniagua, cuando en la crisis de abastecimiento de gasoil, el funcionario del Gobierno de Gildo Insfrán, había intimando a los dueños de Estaciones de Servicio a cesar con el expendio de combustibles a granel en forma indiscriminada, bajo advertencia de inculparlos por “la inminente cierta posibilidad y ocurrencia de un hecho luctuoso”.

Gialucca tildó a los empresarios del rubro de ser parte de la responsabilidad que se produzca un “accidente donde se podría ver afectada la vida, la integridad y los bienes de la población, a causa de un incendio o explosión como los ocurridos recientemente”.

Fue así que la entidad, se defendió a través de una presentación efectuada por su asesor letrado diciendo que “la Defensoría del Pueblo carece de legitimación para inmiscuirse en la venta de combustibles” y aclarando además, que “la Asociación Empresaria no cumple tareas de control ni de fiscalización sobre la venta de combustibles de la provincia”. Vale destacar que dicha acta judicial data del 18 de abril del 2022, pero aún no fue respondida por la magistrada.

Al respecto, el abogado de la entidad, Hugo Kulman expresó oportunamente  que “la incompetencia de la Defensoría evidencia la ignorancia sobre las normas legales que regulan la actividad en el territorio de la República Argentina y sus autoridades de control”.

En ese sentido, se preguntó cuál fue la regla que supuestamente rompió la Cámara para ser objeto de esta “desopilante petición”. Alegó que la Justicia debe rechazar entonces el concepto vertido pro la Defensoría de “medida autosatisfactiva”, por la cual interpretan que los estacioneros buscaron un beneficio por fuera de la ley.

Al respecto, Bigatti dijo que el problema del contrabando en las provincias fronterizas es histórico. “Esta vez le toca al combustible pero que dependiendo las épocas se traslada a otros productos”, sentenció.