El año pasado, el legislador de la provincia de Santa Fe, Marcos Cleri intentó sin éxito elevar al recinto de la Cámara Baja, una propuesta para que aquellas personas propietarias de automóviles adquiridos mediante los parámetros de la ley nacional de discapacidad, pudiesen ser beneficiados con un reintegro de los impuestos a los combustibles.

“Lamentablemente la Comisión de Presupuesto no consideró en su momento que este patrocinio sea importante, porque no existe vocación de modificar la estructura tributaria del Estado”, dijo a surtidores.com.ar, el autor del Proyecto.

Además informó que “no fue tratado a causa de que más allá del derecho justo de las personas con discapacidad de ser eximidas de estos tributos, desde el oficialismo decidieron no introducirlo en lo que fue la reforma tributaria por considerarlo que era un punto a reformar”.

Explicó que de aprobarse en un futuro próximo, la operatoria no significará ningún prejuicio administrativo ni legal para el propietario de la Estación de Servicio que cargue combustible al beneficiario.

“No habría modificación alguna en la forma de facturación y el estacionero no intervendría en el proceso, ya que se trata de un trámite posterior a la venta, que el mismo contribuyente luego realiza de manera virtual mediante la página web de la AFIP”, aclaró.

Dijo también que con la tecnología actual es muy sencillo llevar a cabo el pedido, dado que es muy parecido a la eximición del IVA para compras con tarjeta de débito que en ese caso se realizaba desde la AFIP de forma automática, con la diferencia que en este proceso específico, debería ser solicitado con clave fiscal personalmente por el usuario vía on line.

“El ciudadano que tenga su certificado de discapacidad, eleva el ticket por la compra respectiva al ente recaudador y reclama su derecho, que le cabe en las generales de la Ley de Discapacidad, en la cual el Estado le devolvería lo abonado”, comentó.

Finalmente explicó que aunque sea una iniciativa legislativa individual, no puede ser tratada de manera independiente, porque a partir del año 2001, se estableció una política dentro del poder legislativo, por la cual, todos los temas que tengan que ver con tributos o exenciones solamente se debaten con la ley de presupuesto.