La Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo aprobada por la Cámara de Diputados, denominada coloquialmente “Ley de Abastecimiento”, sigue generando una fuerte polémica. El foco del descontento está puesto en sus alcances, en especial el de la potestad del Gobierno de establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas.

El sector de los combustibles sufrió en carne propia las consecuencias de su antecesora, particularmente Shell, que fue multada en reiteradas oportunidades por supuesto desabastecimiento a las estaciones de servicio. Muchas de estas causas fueron revertidas por la Justicia, pero otras tantas aun continúan su curso a la espera de una definición.

La nueva legislación dispone normas reglamentarias para la comercialización, intermediación, distribución y producción. En este contexto, ¿pueden padecer los expendedores sus efectos?

El ex Secretario de Energía Daniel Montamat, opina que si bien la nueva ley abre nuevas posibilidades de intervención jurisdiccional a la Secretaría de Comercio, contempla una cobertura para las empresas PyMes (siempre que no detenten posición dominante”. “Puede que por esta vía la ley no sea aplicable a  las estaciones de servicio con dueño particular, aunque tengan convenio de marca”, señala.

No obstante, el especialista puntualiza que “la aplicación en casos concretos va a ir dando respuestas a algunas de estas dudas”, de ahí que agrega: “Seguramente habrá muchas presentaciones judiciales para cuestionar su constitucionalidad”.

Puntos salientes de la normativa

Serán sancionados quienes:

• Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;
• Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;
• Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;
• Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;
• Destruyeren mercaderías o   bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;
• Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;
• Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;
• No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;
• No entregaren factura o comprobante de venta o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias.