Analizan el anuncio del Gobierno de impulsar rebajas impositivas sobre los combustibles

Con cierto optimismo hemos visto recientemente que el Sr. Ministro de Energía, Ing. Juan José Aranguren, ha manifestado que en el curso de éste año enviaría al Congreso un proyecto de Ley intentando bajar la carga tributaria que pesa sobre los combustibles, tema de eterno interés del sector y del cual nos ocupamos recientemente en un artículo publicado gentilmente por Surtidores.com.ar.

El combustible actualmente sufre el embate de varios impuestos, que significan al final una carga que los medios refieren entre el 50/60 por ciento del precio al público, pero que las Cámaras del sector han estimado siempre en alrededor del 70 del precio final, dependiendo de cómo se analice el impacto de dichas cargas. En ambos casos, es inaceptable semejante carga si se quiere que algún día el país – de enormes distancias y esencialmente dependiente del transporte carretero- se desarrolle.

Lo que las noticias refieren, es que el Ministerio de Energía estaría focalizándose principalmente en una rebaja del ITC y del IVA, a través –supuestamente-  del establecimiento de “bandas” entre las cuales variarían las alícuotas, según se ajusten determinadas variables que compondrían la base imponible. No ha trascendido qué sucedería con los demás impuestos.

 Aún no se ha dado a conocer ningún proyecto; aunque sería de suma utilidad que las Cámaras del sector participaran y se pudieran pronunciar al respecto.

Los verdaderos desmanes gubernamentales en los últimos 30 años con los impuestos sobre los combustibles se han dado de bruces con las “exposiciones de motivos” expresadas al sancionar las leyes que los establecieron, y llevaron a la Argentina a ser el país con más carga tributaria sobre los combustibles en el mundo. Y eso remarcado por algunos gobernadores y varios intendentes de la Provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales “inventaron” la “Tasa Vial”, un engendro violatorio de las más elementales reglas constitucionales, que generó tremendas inequidades y  provocó el desvío de consumidores entre partidos de la propia Provincia y la Capital Federal, e incluso, la pérdida de clientes de transporte internacional en provincias limítrofes y hasta en la propia Córdoba cuyo Gobernador fue llevado hasta la Corte Suprema por ser el pionero en instaurar la malhadada tasa.

Así por obra y arte de las prácticas impositivas grotescas y el desconocimiento más elemental de nuestros gobernantes, el gasoil que sirvió tanto tiempo al transporte, alcanzó en el último decenio un precio que casi equipara a las naftas, cuando anteriormente su precio históricamente era de un 60 a un 50 por ciento menor, además de haberse establecido durante el kirchnerismo un impuesto sobre los autos diesel. El GNC, otrora concebido como reemplazo de la nafta –y no como sustituto del gasoil- se ubica hoy –y desde hace mucho- en menor precio que éste último, provocando que los particulares utilicen a mansalva el gas, que por otra parte nos falta y debemos importar desde los países que nos quieran vender, siempre a precios elevadísimos, y provocando cortes frecuentes a la industria y en las mismas estaciones que comercializan GNC.

Ello llevó a De Vido, por ejemplo, a traer el combustible gasesoso (GNL) en barcos metaneros, y contratar también “barcos regasificadores” para inyectarlo en el sistema, lo que se convirtió en un escándalo más de corrupción, de los tantos que ostentó el gobierno Kirchnerista. Miles de millones de dólares que los ciudadanos pagamos innecesariamente.  Es decir, que durante el kirchnerismo se ha producido un desmadre en el manejo de la energía, principalmente por desconocimiento y avidez fiscal, que éste Gobierno no puede ni debe continuar, y aquí no hay “gradualismo” que valga. Nos quedamos sin gas, dañamos al transporte y la industria de automotores diesel, aumentamos las naftas a valores irreales, condenamos a las Estaciones de Servicio a ser meras cajas de AFIP, pero eso sí: el Sr. Estado siguió recaudando.

Nos permitimos señalar con todo respeto que no basta con “rebajar” algunos impuestos aislados; y mucho menos establecer políticas “diferenciales” según las Provincias, como muchos Gobernadores reclaman. Hace falta una política fiscal completa, coherente y unificada entre Nación y Provincias, que además de bajar en por lo menos un 50 por ciento la carga tributaria actual, evite la superposición impositiva entre Nación, Provincia y Municipios y el distinto tratamiento impositivo en el territorio nacional, más allá de las exenciones impositivas vigentes que también deberán evaluarse. Porque las diferencias de precios no sólo distorsionan el mercado, sino que perjudican directamente a los expendedores. Basta un ejemplo: durante muchos años el combustible en Capital Federal fue mucho más barato que en las Provincias. ¿Explicación? Aparentemente, el INDEC del Lic. Moreno “medía” la inflación en Capital.  Pero Moreno se fue y las diferencias siguen. Absurdo. Con ello se generaron revendedores a diestra y siniestra, pérdida de clientes, violación de todas las medidas de la Secretaría de Energía y la consecuente inseguridad y riesgos para expendio y venta de combustibles, etc. O cuando en el último año los expendedores de Misiones vieron impotentes cómo los consumidores cruzaban las fronteras con Paraguay para llenar el tanque de sus automotores; ante la mirada impávida del Gobierno Nacional.

No se pueden  seguir violando los principios esenciales de la tributación: igualdad, legalidad, e incluso capacidad contributiva. No basta con algunas rebajas. Todo el sistema debe cambiar para volver a ser constitucional, y permitir el desarrollo sustentable del país, en el cual la energía y el combustible –cualquiera que sea su fuente o naturaleza- cumplen un rol esencial.

Marcelo A. Saleme Murad