La medida, que figura explícitamente en el DNU 70/2024, pero que oportunamente la justicia laboral suspendió a través de una medida cautelar a pedido de la CGT, detalla que el expendio de combustibles será un “servicio esencial” y en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 por ciento de la prestación normal.

En ese contexto, la diputada Pamela Verasay, representante de la Unión Cívica Radical (UCR) por Mendoza y vocal de la Comisión de Energía y Combustibles, destacó la importancia de que se mantengan ininterrumpidos la producción, transporte y distribución de hidrocarburos, como también de la energía eléctrica.

La Justicia suspendió la esencialidad de la venta de combustibles

En una entrevista con surtidores.com.ar, la legisladora subrayó que la declaración de estas actividades como fundamentales establecida en el mega DNU, es primordial para garantizar que las medidas de protesta no afecten de manera negativa a sectores vitales de la economía.

En este sentido, la dirigente cuyana recalcó que esta normativa busca preservar el funcionamiento normal de las Estaciones de Servicio especialmente en momentos críticos, porque se trata de un sector clave para la logística y la interconectividad del transporte en el territorio nacional.

Sin embargo, advirtió que también es necesario implementar políticas públicas que permitan alcanzar un equilibrio entre el derecho a la huelga y la continuidad de la operatividad diaria. “No podemos permitir que un motor esencial de la economía se detenga, pero tampoco podemos ignorar el derecho de los trabajadores a manifestarse”, expresó la parlamentaria.

ANCAP advierte que de no llegarse a una solución con el sindicato, solicitará la “esencialidad” del suministro de combustibles

La preocupación por encontrar esta equidad se extiende también al ámbito de la educación, un sector que, según Verasay, ha sido afectado de manera significativa en los últimos años debido a conflictos laborales.

“Debemos trabajar en acciones que, por un lado, protejan los derechos laborales y, por otro, aseguren que los servicios esenciales no se vean interrumpidos”, enfatizó. “La clave está en asegurar que estos servicios no solo mantengan un nivel mínimo de efectividad, sino que también se respeten las demandas legítimas de quienes trabajan en ellos“, finalizó la diputada.